Salt gana la batalla al banco malo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pospuesto hasta el próximo 29 de octubre el desalojo, previsto para el miércoles por la mañana, del bloque de pisos ocupado en Salt (Girona) por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El Tribunal ha solicitado al Gobierno español información antes del día 24 para conocer qué ocurrirá con las 16 familias que han ocupado el edificio y para asegurarse de que no se viole ningún artículo del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

El propietario del inmueble es la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) — conocido como el banco malo—, que fue quien solicitó el desalojo. Un millar de activistas de toda España se han reunido en Salt en los últimos días para apoyar a las 16 familias, con 21 niños, la mayoría extranjeras, que viven en el bloque desde el pasado mes de marzo. La suspensión del desalojo fue acogida con gran alegría, cánticos y lágrimas. “¡El próximo desahuciado, que sea un diputado!” o “¡Menos maderos y más bomberos!”, fueron los lemas coreados durante horas.

Ahora deberá verse qué hace el Gobierno español, que es el interlocutor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de la Abogacía del Estado. El Tribunal volverá a resolver si mantiene la suspensión del desalojo antes del 29 de octubre.

El abogado de la PAH de Girona, Benet Salellas, explicó que hace 15 días, “en vista de la absoluta dejadez y negativa de la justicia española a atender ni una sola de las peticiones humanitarias en términos de la protección de los niños y del domicilio de las familias”, solicitó una medida cautelar a Estrasburgo. Tras valorar la documentación presentada, incluida la petición hecha por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que también requería un aplazamiento, el Tribunal Europeo resolvió favorablemente. Salellas cree que la presión social ha sido fundamental “para conseguir implicar a la Generalitat y esto seguramente ha influido a Estrasburgo”.

La petición de Salellas a Estrasburgo se centraba en las dos únicas familias, que en estos momentos están empadronadas en el bloque Salt. A pesar de que la resolución europea se refiere a ellas, para Salellas también “da cobertura al resto”. Es la misma interpretación que hizo el juez Domingo Sánchez, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Girona, que acordó la suspensión del desalojo tras conocer la suspensión.

El juez, esperará hasta el día 30, para decidir si ordena el desalojo o no, basándose, de nuevo, a lo que acuerde Estrasburgo. La Abogacía del Estado deberá facilitar la información sobre “cuáles son las medidas que las autoridades españolas piensan adoptar en relación con las familias, sobre todo los niños, a la luz de su vulnerabilidad”, para prevenir la violación de artículos del convenio europeo. También que “concreten con fechas cuáles son las medidas relacionadas con el alojamiento y asistencia social” que van a adoptar. Mientras tanto el juez también espera que la Audiencia y el Tribunal Constitucional resuelvan los recursos presentados por el letrado de la PAH pidiendo parar el desalojo.

La alegría era el sentimiento mayoritario este miércoles por la mañana en los alrededores del bloque Salt. Los centenares de personas de toda España que durmieron en su interior, como si de un campamento de verano se tratara, se preparaban para hacer frente al desalojo. A las ocho ya habían recogido sus sacos, cojines, colchones hinchables y tomaban un aguado café con leche y un minibocadillo para coger fuerzas. Entre ellos una veintena de bomberos indignados se sumaron a la resistencia. No hizo falta. Pocos minutos después el letrado llegó con las mejores noticias. “Estamos exultantes de alegría”, aseguró Pau Llonch de la PAH. Recordó que llevan meses intentando negociar con la Sareb, y se mostró confiado en que esta medida “sirva para que, de una vez por todas, podamos reunirnos”.