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Un grupo textil de Alicante defrauda medio millón de euros al Consell

Alhambra Internacional falsificaba facturas de proveedores para lograr ayudas La Policía Nacional ha detenido a 25 personas

La empresa textil Alhambra en el polígono de Las Atalayas.
La empresa textil Alhambra en el polígono de Las Atalayas.Pepe Olivares

La trama era casi perfecta, y funcionó hasta que uno de los empleados de una de las empresas implicadas fue despedido y lo contó todo a la Policía Nacional. Alhambra Internacional, un grupo empresarial textil de Alicante, realizó durante más de cinco años un fraude continuado para la obtención de subvenciones públicas. En este periodo, según fuentes policiales, consiguieron indebidamente 486.608 euros en ayudas directas por parte de organismos públicos, mayoritariamente relacionados con el Consell, y algo más de un millón de euros en préstamos sin intereses.

En la operación se detuvo a 25 personas, entre ellos los dos máximos responsables de la trama que estarían vinculados a la empresa que se encuentra ubicada en el polígono de Las Atalayas de Alicante. Una portavoz de Alhambra Internacional negó ayer que se hubieran realizado registros o que se hubiera detenido a algún responsable de la firma en los últimos meses. Este grupo textil, según la información mercantil, presentó en julio pasado la declaración voluntaria de concurso de acreedores, y el 30 de septiembre el correspondiente informe de administración concursal ante el juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante.

Subvenciones oficiales a base de facturas falsas

Al grupo textil de Alicante, Alhambra Internacional ubicado en el polígono de Las Atalayas, la Policía le atribuye un supuesto fraude continuado para la obtención de subvenciones oficiales.

En cinco años obtuvieron indebidamente 486.608 euros y 1.000.058 euros en préstamos en intereses.

La Policía Nacional, tras la denuncia de un empleado, que fue despedido, investigó y detuvo a 25 personas por su presunta relación con esta técnica.

Los dos máximos responsables del grupo recibían el asesoramiento de miembros de la Asociación Empresarial Textil Alcoyana que hacían de intermediarios entre la mercantil y el ente público que otorgaba la ayuda (IVEX, ICEX, Ministerio, Impiva, consejería de Industria...).

Tras las reuniones la asociación textil les enviaba un documento que detallaba la justificación de gastos, la utilización de proveedores, el importe mínimo a justificar, el periodo de las facturas para argumentar los gastos y su concepto.

Con toda la información la empresa textil reunía la documentación necesaria (nóminas, estatutos, certificados...) para solicitar la ayuda que les otorgaban “en su totalidad al desconocer las irregularidades”.

La Policía comprobó la existencia de facturas duplicadas con conceptos diferentes, adaptadas a lo exigido en las diferentes convocatorias de subvenciones, así como la falsificación de varios documentos para obtener las ayudas. Se realizaron registros en 14 empresas textiles de las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona que fueron “cooperadoras” necesarias.

A los 25 detenidos, todos ellos de nacionalidad española, la Policía les atribuye su presunta implicación en la falsificación de facturas con la finalidad de adaptarse a los requisitos requeridos por organismos públicos estatales y autonómicos para la adjudicación de ayudas. Los dos cabecillas pasaron a disposición judicial, y los otros declararon en comisaría. Todos están libres, con cargos.

Según fuentes próximas a la investigación, las subvenciones venían de organismos oficiales como el Ivace (antiguo Impiva), IVEX, ICEX, la propia consejería de Industria y del Ministerio de Ciencia e Innovación. La Policía admite que la investigación se inició a raíz de la denuncia de un ex trabajador de una empresa que manifestó que durante el tiempo en el que trabajó en la mercantil, algo más de un año, tuvo conocimiento de la falsificación “sistemática, organizada y continuada” de facturas para obtener subvenciones.

En mayo pasado se detuvo a los dos máximos responsables de la empresa y se procedió al registro de la misma. La Policía también pidió información a los organismos públicos que habían concedido las ayudas, y comprobaron que había facturas duplicadas con conceptos diferentes, adaptadas a lo exigido en las convocatorias y otros documentos falsos. Responsables de la Asociación Empresarial Textil La Alcoyana, supuestamente, “hacían de intermediario entre la mercantil y el ente público que concedía la ayuda”, según fuentes policiales.

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En unas reuniones previas, los representantes de la textil alcoyana explicaban a los cabecillas como se debía justificar los gastos, y desde la asociación los documentos que detallaban la justificación de gastos, la utilización de proveedores, el importe mínimo a justificar o el pedido de las facturas para argumentar los gastos y su concepto. Con toda esa información la empresa textil reunía la documentación necesaria (nóminas, estatutos o certificados) y obtenía la “subvención solicitada en su totalidad”.

Los agentes inspeccionaron 14 empresas textiles ubicadas en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona que habrían sido “cooperadoras necesarias” para poder falsificar las facturas reales ya cobradas para adecuarlas al concepto de la ayuda solicitada. La operación fue realizada por los grupos de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante y de la Jefatura de Cataluña y agentes de la comisaría de Ontinyent.

El Ivace se persona como acusación

J. Ferrándis

El Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependiente de la Consejería de Economía, ha solicitado su personación como acusación popular en el sumario que se instruye en el juzgado número 8 de Alicnate por el fraude continuado en la obtención de subvenciones públicas. La decisión se adoptó, por parte de la consejería que dirige Máximo Buch, para intentar recuperar el dinero público supuestamente defraudado. Un exdirector del Impiva del PP (ahora denominado Ivace) entre 2003 y 2005 y vinculado a la Asociación Textil Alcoyana sería una de las personas que habrían asesorado a la trama sobre cómo acceder a las subvenciones, según fuentes de la investigación. Los defraudadores habrían obtenido subvenciones de manera irregular del Ivace (antiguo Impiva) por importe de 170.000 euros entre los años 2008 y 2011 procedentes del programa Innoempresa y de los planes de competitividad del textil. Las ayudas correspondientes a los dos últimos ejercicios estarían todavía pendientes de cobro. Por su parte, el Instituto Valenciano de las Exportación (Ivex) habría concedido ayudas al grupo Alhambra Internacional por valor de 120.000 euros. El entramado también habría logrado ayudas del Instituto de Comercio Exterior (Icex) y del Ministerio de Ciencia e Innovación. Los expedientes para obtener las ayudas tenían un algo grado de complejidad y requerían abundante documentación.

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