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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Habla mudito

Fabra, si tiene algo que pedir, en cuanto cruza la M-30 se lo calla, a pesar de que su comunidad es la más perjudicada con el actual modelo de financiación

La palabra transparencia define bien al presidente de la Generalitat Valenciana, que, aunque no lo parezca, es un señor que se llama Alberto Fabra. Transparencia no precisamente en la gestión, donde sigue primando el oscurantismo de los años negros, sino transparencia en cuanto a peso político, que, de tan liviano, apenas lo atisban los valencianos y en el resto de España ni se le ve. La estrella de la semana pasada fue la dirigente del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, quien, aunque por razones espurias, se atrevía a proponer un nuevo modelo de financiación para Cataluña. El protagonista de esta semana es el presidente madrileño, Ignacio González, y su exigencia de que el nuevo modelo esté listo en tres meses. Mientras tanto, Fabra, si tiene algo que pedir, en cuanto cruza la M-30, se lo calla, a pesar de que su comunidad es la más perjudicada con el actual modelo. Lo curioso del asunto es que Fabra dispone de un documento elaborado por una comisión de expertos nombrados por las Cortes Valencianas sobre el que existe un amplio consenso sobre los criterios y las propuestas para un nuevo sistema de financiación.

El esquema básico del modelo de financiación elaborado por los expertos consta resumidamente de tres tramos de recursos. En primer lugar, un tramo de garantía de mínimos en educación, salud y protección social, que procure los mismos recursos por habitante a todas las comunidades y cuente con un fondo de contingencia común que asegure la estabilidad de los recursos. En segundo lugar, un tramo de suficiencia competencial autonómica que ofrezca a las comunidades recursos en proporción a sus necesidades en el año base, y para el que cada comunidad podría también dotarse de un fondo de contingencia propio, que favorezca la estabilidad en la prestación de sus servicios. Y en tercer lugar, un tramo de autonomía, que otorgaría a las comunidades suficiente capacidad normativa en materia tributaria para financiar políticas diferenciadas de gasto en su territorio. El sistema propuesto por los expertos valencianos propugna además tres tipos de instrumentos complementarios. Por un lado, instrumentos de desarrollo regional para financiar políticas de crecimiento y promover la convergencia, mediante recursos aportados por el Fondo de Compensación Interterritorial y por los Fondos Estructurales Europeos. Por otro lado, herramientas de reequilibrio financiero, que permitan a las comunidades que han acumulado deudas por la infrafinanciación padecida acordar con el Estado el reconocimiento de las mismas. Y finalmente, una revisión de las contribuciones forales a las cargas del Estado, calculándolas de modo que hagan compatible su singularidad con los principios de equidad, solidaridad interterritorial y transparencia.

Francisco Pérez, catedrático de la Universitat de València y director del Ivie; Rafael Beneyto analista financiero; Ismael Fernández, catedrático de Estructura Económica de la Universitat de València y José Antonio Pérez, gerente de la Universidad Politécnica, que son los expertos que han elaborado el informe le han hecho los deberes al presidente de la Generalitat. Fabra solo tiene que levantar la voz y hacer política en Madrid. ¿A qué espera?

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