El ‘caso Urdangarin’ queda reducido a cargos intermedios en Valencia

La resolución del Tribunal Superior de Justicia valenciano en la que rechazó imputar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en el caso Urdangarin instaba formalmente al juez instructor de Palma José Castro a seguir investigando, dejando así abierto el camino a una eventual asunción del caso. En la práctica, sin embargo, según apuntan fuentes jurídicas, los magistrados dieron con aquel auto un portazo a la causa que hace prácticamente imposible que ambos políticos lleguen a ser juzgados por los hechos: haber provocado que el Instituto Nóos se embolsara injustamente más de tres millones de euros de las arcas públicas valencianas, según el criterio que el juez Castro planteó en la exposición motivada y fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Es razonable prever, añaden las fuentes, que Camps y Barberá tendrán que comparecer como testigos, un trago y una foto que ambos preferirían evitar. Pero su imputación requeriría que una diligencia nueva del juez de Palma reforzara la tesis de su implicación delictiva. Que Castro volviera a plantear la inhibición a favor del TSJ. Y que los cinco magistrados de la Sala Civil y Penal en esta ocasión la aceptaran.

Todo ello resulta altamente improbable. Primero, porque Castro tiene prácticamente concluida la instrucción. Y, segundo, porque el juez ya ha practicado casi todas las diligencias relativas a la parte valenciana del caso y tomado declaración, en algunos casos más de una vez, a casi todos cuantos jugaron algún papel en la organización de las tres ediciones del Valencia Summit y los nunca celebrados Juegos Europeos, las vías que permitieron a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, máximos responsables del Instituto Nóos, llevarse el dinero.

Ninguno de ellos, ni siquiera los cinco excargos intermedios de la Generelitat que permanecen imputados, y que muy probablemente se sentarán en el banquillo de los acusados como responsables de lo ocurrido, han señalado a Camps ni a Barberá. Ni a ningún otro mandatario político, más allá de vagas referencias, como que el plan de contratar al instituto de Urdangarin provino de “altas instancias” o de “personas que tenían ascendencia” sobre ellos.

En la decisión de los cinco magistrados del Tribunal Superior valenciano de rechazar la causa, consideran las fuentes consultadas, pesó la desproporcionada carga de trabajo que soportan para los medios de que disponen. Y fue facilitada por la inusual actuación de la Fiscalía Anticorrupción, en cuyo escrito de 140 páginas no sostuvo la acusación, sino que se limitó a repasar los indicios existentes hasta el momento y plantear, al final, las dos opciones de las que, según su criterio, disponía la Sala. No apreciar indicios de delito o, en caso de hacerlo, asumir la instrucción y enjuiciamiento de todo el caso, incluidos los hechos ocurridos en Palma, lo que garantizaba la indigestión definitiva del tribunal valenciano.

Anticorrupción puso en bandeja a los magistrados quitarse de encima el caso

Ambas alternativas tenían como coincidencia que evitaban a Urdangarin sentarse dos veces en el banquillo, en Baleares y en Valencia. Algo que Anticorrupción no ha procurado con acusados en otros casos mediatizados también por el aforamiento (figura que obliga a que solo determinados tribunales puedan investigar a ciertos cargos públicos) como los cabecillas de Gürtel.

La fiscalía presentó las dos posibilidades en tono neutro. Pero los magistrados lo tomaron como lo que era en un escrito de esas características: dos propuestas alternativas en las que el orden en el que son expuestas resulta capital. Y la primera opción que planteó Anticorrupción fue archivar la causa por falta de indicios suficientemente sólidos. Un planteamiento que sirvió en bandeja al tribunal quitarse de encima el caso.

Los jueces podrían, como otras veces, haberse apartado de la opinión del fiscal y acogido la de Castro. Pero no lo hicieron