El PP intenta alargar la causa contra Unións Agrarias sin aportar pruebas

Inspectores y altos funcionarios de la Xunta no hallaron irregularidades tras una exhaustiva indagación en documentos, cuentas bancarias y sedes del sindicato Unións Agrarias (UU AA). Una juez, con el apoyo del fiscal, tampoco apreció ningún inidicio de delito después de tres años de investigaciones. Durante la instrucción, como ya puso de manifiesto la propia juez, ni el PP ni el Gobierno gallego —partes denunciantes— fueron capaces de aportar una sola prueba de sus denuncias de que UU AA había utilizado subvenciones de la Xunta a la contratación de trabajadores para financiar ilegalmente al PSOE gallego. Pero el cúmulo de evidencias no es suficiente para los populares, empeñados en prolongar como sea la causa judicial contra lo que ayer volvían a denominar en un comunicado público la “trama agraria del PSOE”.

La juez que investigó el caso y lo sobreseyó el pasado 13 de septiembre, Ana López-Suevos, acaba de rechazar otro recurso del PP —al que se adhirió la Xunta— con un nuevo auto en el que trasluce claramente su malestar por la actitud de los populares, quienes habían acusado a la magistrada de mantener una actitud “pasiva”. El PP conminó a la juez a que siguiese buscando las pruebas que ese partido no ha sido capaz de aportar e incluso puso en duda los testimonios de funcionarios de la Xunta que acreditaron en el juzgado que UU AA dedicó las subvenciones al fin para el que estaban establecidas.

En su auto, López-Suevos subraya que su posición está respaldada por el fiscal frente a los propósitos del PP, que pretende, según la juez “mantener abierta [la causa] sine die”. La magistrada muestra su perplejidad por el hecho de que los populares no den valor probatorio a las declaraciones de “funcionarios cualificados de la Xunta” cuando estos inspeccionaron en su día al sindicato, insiste la magistrada, por orden de “conselleiros miembros del Gobierno autonómico precisamente en manos del Partido Popular”. “La parte recurrente sigue sin explicar”, abunda López-Suevos, “cómo pudo tener lugar el desvío de fondos públicos cuando fue comprobado que estos se destinaron a abonar nóminas y cotizaciones de trabajadores contratados al amparo de las subvenciones”.

Los populares reaccionaron al auto de la juez con el anuncio de un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial al tiempo que insistían en la existencia de “una trama agraria del PSOE”. La campaña del PP contra el sindicato fue promovida, hace tres años, por su secretario general, Alfonso Rueda, ahora vicepresidente de la Xunta, quien, en su condición también de conselleiro de Presidencia, ordenó a los funcionarios públicos las inspecciones que finalmente resultaron infructuosas. “Esto sobrepasa ya todos los límites de la decencia democrática”, clamó el secretario general de UU AA, Roberto García. “Espero que cuando el presidente Feijóo vea lo que está haciendo su partido ponga fin a este esperpento, en línea con los que me trasladó a mi mismo en una reciente conversación”