Temblores

El ministro llamó por cortesía al líder de su partido en tierras valencianas. Era una cortesía que no había obtenido él mismo del presidente de la Generalitat, quien no se puso al teléfono un rato antes, cuando le llamó para comunicarle oficialmente el asunto. “Vamos a aprobar hoy en el Consejo de Ministros la instalación del almacén de residuos radiactivos en Zarra”, vino a decirle. “Que sepas que estamos en contra y vamos a hacer todo lo posible por impedirlo”, le respondió su correligionario en una tensa conversación. El titular de Industria descubrió horas después que desde Valencia habían contactado con varios miembros del Consejo de Ministros, y que no había sido precisamente el Gobierno autonómico del PP, que permanecía agazapado a la espera de saltar sobre los socialistas con otra excusa para su estridente victimismo. La decisión se pospuso. Jorge Alarte, entonces secretario general del PSPV-PSOE, conoce bien la historia.

Años antes, por lo visto, ningún dirigente rebelde y ninguna Administración pusieron pegas al proyecto Castor, ni le exigieron las garantías que habrían evitado los temblores que sacuden la costa del Baix Maestrat y el Montsià cuando la plataforma inyecta gas en el despósito submarino. Ayer mismo, la nueva ley de evaluación ambiental superaba en el Congreso de los Diputados, con los votos del PP, el trámite de enmiendas a la totalidad como si nada hubiera sucedido. Si en la costa vasca de Bermeo un depósito de gas como el de Vinaròs funciona sin el menor problema, es obvio que el del Mediterráneo está mal planteado, y que no funcionaron debidamente las evaluaciones. El error puede repetirse con el fracking, de efectos potenciales todavía más graves. Las agresivas técnicas de extracción importadas de Estados Unidos vienen impulsadas por los argumentos de la industria energética. La fractura hidráulica ya ha causado impacto en zonas de Pensilvania y Texas, por no hablar de la europea Holanda. La extracción de shale gas puede ser la panacea del combustible para unas décadas, pero habrá que calibrar si estamos dispuestos a soportar los movimientos sísmicos que se sabe que causa y a pagar el precio de los eventuales estragos en acuíferos y subsuelos de entornos tan frágiles como El Maestrat.

Ahí se la juegan los gobiernos. Cuando uno va de hooligan del progreso, tarde o temprano acaba poniendo cara de susto al sentir que tiembla la tierra. Tal vez sea todavía inútil pedir que la sostenibilidad ocupe un lugar en las prioridades energéticas, ambientales, urbanísticas e industriales. Pero no lo es exigir, al menos, una cierta prudencia. También en la economía. De los entusiasmos fanáticos de otros tiempos con el desarrollo urbanístico, el turismo de eventos, la autorregulación bancaria, la opacidad en el control de los fondos públicos o en la financiación de los partidos y el enriquecimiento fácil proceden la penuria social y los temblores que hoy pintan caras de susto a nuestros gobernantes.

Como un sismógrafo, la encuesta de Metroscopia para El PAÍS, publicada con motivo del 9 d’Octubre, revela fuertes movimientos de fondo en la opinión pública. Si uno se pasa años vendiendo ardor político frente a discriminaciones reales o ficticias, lo mínimo que puede suceder es que haya temblores cuando se destapa la patraña. Alberto Fabra y los suyos notan sin duda la sacudida y se aplican a extremar el gesto para simular que no sienten el estremecimiento. Hay que esperar aún para comprobar si se avecina un terremoto.