Industrias agrarias y hoteles podrán instalarse en suelo rústico

La undécima reforma de la Lei do Solo en los últimos diez años —y la segunda del Gobierno de Feijóo— ya está en marcha. El propósito de la Xunta es simplificar los trámites ambientales, dar más potestades a los ayuntamientos en la concesión de licencias y abrir un poco la mano a las construcciones con propósitos empresariales en suelo rústico. El nuevo texto aún no está aprobado, pero el Consello de la Xunta de ayer estudió un informe al respecto presentado por el conselleiro de Medio Ambiente e Infraestruturas, Agustín Hernández.

 Tanto Hernández como el presidente Feijóo explicaron que no se van a variar los usos del suelo rústico, aunque se darán más facilidades para la instalación de “industrias agroalimentarias” y establecimientos turísticos. En la ley actual, reformada por el Gobierno del PP en 2010, ya se permiten “construcciones e instalaciones” destinadas a la agricultura, la ganadería y la gestión forestal. Y también se contemplan “construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo en el medio rural y que sean potenciadoras del medio donde se ubiquen”. En todos estos casos es imprescindible —y seguirá siéndolo— la elaboración de un plan especial. Feijóo explicó que “hay que erradicar la idea de que cada uno puede construir donde quiera”, pero al mismo tiempo elaborar una ley que contribuya a “ordenar y revitalizar el medio rural, y poner en valor el suelo rústico”. En ese sentido, también se otorgarán más competencias a los municipios para que puedan conceder licencias en ese tipo de suelos sin esperar a la autorización autonómica.

Otro de los propósitos de la futura ley es acortar los trámites para aprobar los planes de urbanismo. Hasta ahora la media para su entrada en vigor está en seis años y la intención de la Xunta es situarla en tres. Se aligerarán notablemente los plazos para algunos informes como los ambientales, que pasarán de 18 meses a tres.

Tanto Feijóo como Hernández insistieron en que su objetivo es lograr que al final de esta legislatura los 314 municipios gallegos dispongan de planeamiento urbanístico. Una de las medidas principales para lograrlo será ofrecer a los 202 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes la posibilidad de que sea la Xunta la que les redacte un plan de urbanismo. Pese a los constantes cambios legislativos, la ausencia de planificación urbanística en las entidades locales sigue siendo un importante problema. Ahora mismo solo 70 municipios gallegos —menos del 25%— disponen de un plan.