El juez ordena sentar en el banquillo al delegado de la Xunta en Ourense

El delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, ha luchado con uñas y dientes por impedir su procesamiento acusado de desviar, durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de un grupo de acción local, más de 51.000 euros de subvenciones de fondos estructurales de la Unión Europea (UE) y certificar obras que ya estaban realizadas. Ayer, casi ocho años después de que iniciara esta carrera de fondo —basada en la petición constante del sobreseimiento de la causa y en los continuos recursos— el representante de Feijóo en el territorio de los Baltar recibió la noticia de que el juez instructor, José Manuel Deaño, había dictado el auto para la apertura del juicio oral que lo sentaría en el banquillo.

 Ocho años después de iniciada la investigación judicial, el tercer instructor que dirige la causa reconoce —tras haberla archivado antes en dos ocasiones— la existencia de indicios delictivos en la conducta del superdelegado y de otras personas, entre ellos el secretario y dos concejales del gobierno local de Arnoia que presidía Martínez. Los acusados participaron en la gestión de aquellos fondos destinados al desarrollo de la comarca. Martínez se aferra, sin embargo, a su inocencia y se propone continuar su carrera de fondo. Su defensa no ha parado de recurrir en esta larga instrucción iniciada en 2006. La última ocasión en que pidió el sobreseimiento fue el pasado marzo, pero el juez instructor entiende ahora que existen indicios delictivos en la conducta del delegado. Pese a ello, recurrirá de nuevo este auto con el que Deaño marcaba el punto final a su instrucción.

El juez explica en el auto de procesamiento cómo el actual representante de la Xunta en Ourense firmó un contrato de construcción de una nave para el tratamiento de biomasa que ya estaba realizada y certificó la partida con cargo a los fondos comunitarios. El instructor relata que, lo que en realidad se hizo fue “una reconstrucción de un galpón” que había sido adquirido previamente por el Ayuntamiento que presidía el propio Martínez. Tras exponer los indicios delictivos que encuentra en la actuación del superdelegado, el juez conmina a las partes a que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral (lo que harán las dos acusaciones) o el sobreseimiento (que podría solicitar el Ministerio Fiscal) y abre la puerta a la posibilidad de que, “excepcionalmente”, las partes pidan diligencias complementarias.

Martínez se agarra a la presentación constante de recursos encaminados al archivo de la causa, pese a que la Audiencia Provincial ha intervenido ya en dos ocasiones reclamando que se reabriera y alertando de la existencia de “indicios de criminalidad” en la conducta del imputado. Las acusaciones particulares (BNG, PSdeG y Asociación polo Progreso do Ribeiro) imputan al delegado los supuestos delitos de fraude, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

El procesamiento de Rogelio Martínez coincide en el tiempo con el del exbarón del PP gallego José Luis Baltar, acusado por otro juez de instrucción del supuesto delito de prevaricación por el enchufe en la Diputación de 104 personas en vísperas del congreso provincial del PP que ganó su hijo. Baltar y Martínez han sido, además, recientemente acusados por los especialistas en anticorrupción de la UE de los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias en relación con la gestión, desde la Diputación, de otros fondos estructurales europeos. Ambos eran presidente y vicepresidente de la institución provincial en la época (2003 y 2004) en que manejaron “fraudulentamente” 13 millones de euros de los que cuales 10,1 fueron aportados por la UE, que ahora los reclama. La empresa Cruzval, de la que es titular un primo del superdelegado, aparece implicada tanto en la acusación del juez instructor de Ribadavia como en el informe de los inspectores de Bruselas.

El BNG de O Ribeiro, grupo que inició el proceso contra Martínez por la supuesta malversación de los fondos comunitarios, insiste en reclamar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el cese de su representante institucional en Ourense a la vista de la decisión del juez de ordenar la celebración de juicio. Martínez ha tenido hasta ahora el respaldo inquebrantable del presidente de la Xunta, a cuya disposición puso el cargo a comienzos de este año, cuando el juez instructor rechazó archivar la causa.