La Junta mantiene el veto sobre el proyecto gasístico en Doñana

La Consejería de Medio Ambiente rechaza continuar con la tramitación administrativa del proyecto que Gas Natural quiere acometer en Doñana, que contempla, entre otros asuntos, utilizar el subsuelo como almacén en el futuro. El proyecto, que a principios de año fue autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, se ha quedado varado en la consejería, que tiene que dar su visto bueno. Pero el Gobierno andaluz considera que no tiene información suficiente para evaluar el impacto que puede tener sobre Doñana.

A pesar de los requerimientos del departamento de Miguel Arias Cañete —que en julio envió un escrito a la Junta en el que pedía que se continuara con la tramitación— el Gobierno andaluz no cambia de postura. La Junta insiste en que se necesita realizar un "análisis global" de los efectos que tendría este proyecto, según informaron ayer fuentes de la consejería. Y volverá a pedirle al ministerio que lo haga, según las mismas fuentes. Este departamento ya le envió esta petición el Gobierno en abril de este año.

Gas Natural lleva alrededor de tres décadas extrayendo gas del subsuelo de Doñana. Lo que pretende ahora es ampliar las extracciones y, en el futuro, utilizar las cavidades que queden vacías para el almacenaje de gas. El proyecto, según la información que ha facilitado la compañía, consta de una red de 14 pozos de extracción y 70 kilómetros de tuberías. De construcción nueva son cinco sondeos y unos 20 kilómetros de gasoductos. En el resto de las infraestructuras Gas Natural plantea una renovación, que también acarrearía obras.

Para su tramitación ambiental el proyecto se dividió en cuatro partes. La primera Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue aprobada en septiembre de 2010 por el anterior Gobierno central. Las otras tres declaraciones favorables se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en enero de este año, ya con Miguel Arias Cañete como ministro. El problema reside en que parte de las obras se adentran en zonas inscritas en la Red Natura 2000. En los condicionantes que se fijan en las distintas declaraciones de impacto se establece que "previo al comienzo de las obras, el promotor deberá obtener el certificado de no afección a la Red Natura 2000, que será emitido por la por la Dirección General de la Red de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía". La Consejería de Medio Ambiente, la competente en este asunto, ya le comunicó en abril al ministerio que consideraba que no tenía información suficiente para pronunciarse. "Las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos citados se han realizado de forma individual sin que conste que se hayan tenido en cuenta ni en la fase de análisis ni en la evaluación los efectos de los tres en su conjunto", señaló la consejería en el escrito remitido a Arias Cañete.

El ministerio, por su parte, respondió en julio a la Junta que no veía necesario "completar la evaluación ambiental", según fuentes de la consejería. En su opinión, el Gobierno andaluz tiene ya la información necesaria para emitir el certificado de no afección a la Red Natura 2000.

Tras la publicación en el BOE de las declaraciones favorables en enero, se generó una fuerte polémica. Ahora vuelve con los problemas que se están produciendo con el almacén Castor en las costas de Castellón y Tarragona, donde se está registrando un aumento de la actividad sísmica. Ecologistas en Acción y WWF han reclamado a la Junta y el Gobierno que estudien los riesgos sísmicos del proyecto de Doñana. La empresa, sin embargo, rechaza que exista peligro ya que las operaciones de inyección y extracción de gas en la zona se llevan realizando "durante años y nunca se ha producido repercusión sísmica".

IU lleva este asunto hoy al Parlamento regional. Esta formación preguntará a la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, sobre las acciones que pretende realizar para garantizar la seguridad de los habitantes del entorno y para preservar los valores naturales de Doñana.