Una funcionaria acusa a otra del robo de 29.098 euros en la tramitación del DNI

Un agujero de 29.098 euros es el que supuestamente dejaron María Teresa Santa María y María Isabel Esquíroz en la oficina de tramitación del DNI y del pasaporte de San Sebastián. Las dos funcionarias están acusadas de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, de quedarse con parte del dinero recaudado con la expedición de los documentos, y para las que la Fiscalía pide seis años de prisión. La segunda jornada del juicio contra la que fue encargada de la oficina, Santa María, que ha achacado el desfalco a su segunda, y ésta, que principalmente ha declarado no saber que sucedió y tampoco recordar mucho, se ha celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

La jornada ha arrancado con el testimonio de Santa María, una funcionaria con más de 40 años de ejercicio y ya jubilada. La responsable de tramitación ha asegurado que fue su compañera la que sustrajo parte del dinero, bajo la excusa de que una empresa a la que ayudaba a registrar la contabilidad estaba en apuros, pero que lo repondría en cuanto cobrara una herencia. "Mi pecado fue no haberlo denunciado", se ha justificado durante la vista, cuando ha sido preguntada por qué permitió la operación, para añadir que ella no se ha llevado "ni un euro".

Las dos acusadas eran las únicas responsables de custodiar el dinero que los ciudadanos abonaban por la renovación del DNI o el pasaporte, según el relato de ambas. Al finalizar la jornada anotaban en un formulario administrativo el importe total recaudado por la tramitación de cada documento y al día siguiente se abonaba en el banco. Un agente de la Policía Nacional era el encargado de llevar el importe hasta una entidad financiera, en la que le entregaban un recibo con la fecha en la que se recaudó la cantidad, el día que se entregó y la comprobación de que el dinero entregado coincidía.

Las oficinas de Madrid detectaron un desfase en los ingresos de 29.098 euros, con lo que la Policía Nacional inició una investigación. El agente encargado de la instrucción ha señalado que las funcionarias retrasaron el pago de algunas cantidades, que luego cubrían con ingresos posteriores. Para ello se manipularon "burdamente" los documentos acreditativos de los ingresos, al cambiar a mano las fechas de los documentos.

Los hechos sucedieron en 2010, aunque según el relato de Santa María y del agente de la Policía Nacional que instruyó el caso, un año antes se registró un episodio similar. La responsable de tramitación encontró un día en el armario en el que se guardaba la recaudación una carpeta con 34.700 euros y los formularios correspondientes a los pagos por ese importe. Santa María, sin comunicárselo a nadie, decidió ir directamente al banco a ingresar el dinero, y luego dio cuenta a su superior, que simplemente, siempre según el relato de la acusada, redactó un escrito en el que daba cuenta del episodio pero en el que aseguraba que las cuentas se habían puesto al día.

Esquíroz por su parte ha negado tener conocimiento alguno del desfase que se produjo en los pagos, y ha desmentido que fuera ella quien sustrajera parte de lo recaudado para entregárselo a los dueños de la empresa en la que echaba una mano con la contabilidad. La acusada ha negado que ella manipulara los documentos en los que se registraban los ingresos y su correspondiente abono en el banco, y también que llevara una especie de contabilidad paralela, unas hojas en las que, escrito a lápiz, daba cuenta de cada uno de los pagos y de los retrasos.

El agente instructor del caso sin embargo ha apuntado que este documento podría valer a las acusadas como recordatorio del dinero sustraído y de cómo se iba cubriendo el agujero, aunque ha precisado que la investigación que inició no pudo determinar dónde han ido a parar los 29.098 euros que faltan, y sobre los que las dos acusadas han declarado no haberse llevado nada.