Padres y directores de Lugo boicotean el repago en comedores

El curso escolar ha comenzado incendiado. El decreto del copago de los comedores ha prendido una mecha (especialmente en la zona de A Mariña lucense) que amenaza con extenderse al resto de Galicia. La rebelión de algunos padres pasa por no enviar a la Consellería de Educación los datos relativos a su declaración de la Renta que este departamento exige, a través de documentación remitida a los centros, para calcular el precio que las familias tienen que pagar por este servicio. A la protesta de los padres se suma la de los directores de algunos centros: se niegan a cubrir el papeleo que la Xunta les encomendó. Una tarea burocrática que según ellos no les compete. “Este mes, Educación no va a poder cobrar a estas familias”, sostiene la presidenta de la federación de Anpas de la provincia de Lugo, Elvira Lombao. “Tendrá que buscar esos datos por su cuenta”, puntualiza. Mientras, las Anpas más beligerantes (las de Lugo y Costa da Morte) preparan ya un recurso administrativo contra el decreto. Confían en ganar esta batalla que afecta fundamentalmente a las familias con niños que van a clase en autobús. Aunque la rebelión se circunscriba a zonas concretas, el malestar es general: el número de alumnos que a partir de ahora debe pagar por los menús se dispara.

En un centro como el CPI de Cambeo, con 377 comensales (y doble turno de comedor) tendrán que pagar este año 101 matriculados. Les corresponde la tarifa de un euro por día a 17 alumnos; 12 pagarán el menú a 2,50 euros y 29 a 4,50. En esta última franja, 15 pagaban el curso pasado porque estaban matriculados en este centro pese a que no era el de su área de influencia. En el de Baralla, con 150 comensales, pagaban 3 y este año 12. La reforma del copago de los comedores que la Xunta ha decidido introducir, aferrándose al mensaje de que se trata de una medida solidaria basada en que paga más el que más tiene, se tambalea. Elías, del Anpa de Carballeda de Avia, sostiene que “fomenta la injusticia” aunque él salga beneficiado. Su empresa va mejor que otros años y su mujer es funcionaria, pero no tendrán que pagar por el comedor porque han tenido un nuevo hijo. “Nos dividen entre cinco la renta familiar. Otros con menos ingresos tienen, sin embargo, que pagar”, explica “la injusticia”.

La mayoría de alumnos que se verán obligados a pagar son transportados. Y el malestar que se ha hecho patente en los municipios de A Mariña es general. Aún no existen datos suficientes para conocer el número de familias que tendrán que hacer frente al copago, pero las asociaciones de padres consultadas por este periódico estiman que serán un 60%. La mayor parte, con rentas medias o bajas. La exclusión del derecho al comedor gratuito para alumnos que van a centros públicos fuera de su ámbito de influencia ha propiciado un baile de matrículas. En el colegio de A Sionlla (Santiago) algunas familias han decidido llevarse a sus hijos. Educación aumentó ahí las plazas del comedor, pero algunos transportados no pueden pagarlo. El centro es el único público de Santiago con jornada partida y actividades extraescolares en ambas franjas horarias con lo que los alumnos que no son admitidos en el comedor tienen que ir a sus casas a mediodía y regresar por la tarde. Para los transportados es un viacrucis.

Frente al argumento de la corrección de las desigualdades sociales que esgrime la Xunta, algunas Anpas alertan sobre el peligro que supone la medida para niños de familias en exclusión social que se quedan sin derecho a comedor por vivir fuera de la zona de influencia del centro. El presidente del Anpa de A Buxaina (Narón), Manuel Baptista, expresó sus temores a La Voz de Galicia: “Tenemos serias dudas de que estos niños estén bien alimentados en sus casas”, convencido de que el decreto de Educación deja fuera a bastantes familias con rentas bajas. En Cervo las manifestaciones son constantes. Los padres repiten que la Consellería ingresa en la cuenta del comedor 2,05 euros por cada alumno y no se explican que se cobre a algunos 4,50 euros tratándose de un servicio público y por lo tanto, no lucrativo. Mientras las pequeñas asociaciones de padres intentan evitar por todos los medios el copago, la confederación gallega asiste en silencio a la nueva medida y a las rebeliones que provoca. “La verdad, no entendemos por qué no levantan la voz contra esta injusticia”, lamenta Elvira Lombao.