Sanidade planea adjudicar a dedo un contrato de 150 millones por “agilidad”

Los reiterados problemas con los que la Xunta se ha topado para financiar obras sanitarias podrían dar pie a unas de las mayores adjudicaciones a dedo de la Administración pública gallega. La Consellería de Sanidade aboga por contratar a través de un procedimiento negociado sin publicidad la privatización de servicios por 150 millones de euros planeada para el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

La Xunta declaró desierto el concurso público convocado en febrero a pesar del interés mostrado por una docena de grandes empresas y ahora tiene dos posibilidades: convocar un nuevo concurso o adjudicar esos 150 millones a través de un procedimiento negociado con empresas elegidas a dedo por Sanidade. Pablo Torres Arrojo, director general de Recursos Económicos del Sergas, aseguró ayer en la Comisión de Sanidade del Parlamento que “se decanta por el negociado porque es más ágil” que convocar otro concurso. Torres asegura que los pliegos con las condiciones del contrato “ya han permanecido expuestos cuatro meses” por lo que “ya existe la publicidad exigida por la ley”. El macroconcurso pretende ceder a una sola empresa la gestión de prácticamente todos los servicios no sanitarios durante una década. A cambio esa empresa deberá abonar 14 millones para la ampliación del complejo sanitario y otros 10 millones como garantía financiera.

El 6 de junio, la Xunta dejó desierto el concurso de servicios que ahora quiere conceder a dedo. Aparentemente no interesó a ninguna empresa, sin embargo directivos de Eulen, Ferrovial, Clece, Sacyr-Vallehermoso, Extraco o Linorsa visitaron en marzo los hospitales públicos que forman parte del CHUO con el fin de conocer las instalaciones a gestionar en un futuro. Directivos hospitalarios y del Sergas mantuvieron, al menos, tres reuniones con los mismos empresarios con los que ahora el Gobierno planea negociar a puerta cerrada las condiciones del multimillonario contrato.

Esta nueva fórmula urdida por Sanidade condiciona el contrato de las obras de ampliación (58 millones) con el contrato para privatizar servicios (150 millones), ya que las plicas establecen expresamente que la adjudicataria de servicios “financiará las obras hasta que se alcance el máximo previsto, siendo responsable la Administración de obtener la financiación del resto de la obra”. La adjudicación de la ampliación lleva parada desde mayo; sin embargo el director de Recursos Económicos del Sergas aseguró ayer que prevé adjudicar “en dos o tres semanas” la ampliación porque “la licitación continúa su rumbo”. Una vez más, no aclaró cómo va a financiarlas si aún no han elegido a la empresa que pagará esa obra a través del concurso de servicios.

El BNG cuestiona este modelo “porque inicia la privatización a través de un experimento en la financiación de la sanidad, ya que es un PFI [siglas en inglés de Private Financial Investment] al revés”, según afirma la diputada Tareixa Paz. Al igual que en Ourense, el modelo PFI empleado en la construcción del nuevo hospital de Vigo, cede a manos privadas la ejecución de la obra, el aprovechamiento comercial y la gestión de servicios. El director de Recursos Económicos del Sergas desmiente tajantemente que se trate de un proceso de privatización y recurre al neovocabulario empleado por otros dirigentes del PP en los procesos de privatización de infraestructuras sanitarias: “Desmiento privatización alguna, ya que con este proyecto de externalización de servicios se busca ahorrar en el gasto corriente para tener más inversión productiva”. A pesar de los reiterados tropiezos en la financiación de obras sanitarias, Torres Arrojo también espetó a los restantes miembros de la comisión: “Ya sé que es doloroso para la oposición ver que hacemos las cosas bien porque ahorramos y generamos riqueza. Ustedes tuvieron cuatro años y no lo hicieron”.