Calparsoro pide a ETA que se disuelva tras “su derrota legal, material y moral”

El Fiscal Superior vasco, Juan Calparsoro, ha afirmado que se asiste a "la derrota legal, material y moral" de ETA, y ha pedido a la banda armada que se disuelva y renuncie "expresa, clara y definitivamente a las armas y explosivos que aún puedan poseer", y proceda a su disolución. Durante el acto de apertura del año judicial, que se celebra en el Palacio de Justicia de Bilbao, Calparsoro ha destacado "el descenso importante" que ha experimentado la actividad terrorista, y ha insistido en que, "aferrados a la dignidad de las víctimas", se asiste a "la derrota legal, material y moral de quienes se creyeron capaces de quebrar a sangre y fuego la voluntad democrática de los ciudadanos".

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha recordado que la vasca es una sociedad "marcada" por el terrorismo de ETA y ha abogado por una Justicia restaurativa para reparar el daño causado a "las víctimas de la violencia política". Además, ha rechazado "la Justicia penal transicional" fundada en "presupuestos de amnesia" por la que aboga por la izquierda abertzale.

En el acto han estado presentes el lehendakari, Iñigo Urkullu, el consejero y la viceconsejera de Justicia, Josu Erkoreka y Ana Agirre, respectivamente, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, el alcalde de Bilbao en funciones, Ibón Areso, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uria y Manuel Almenar, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, entre otros.

Carparsoro ha afirmado que, "en este final persiste la incapacidad de los terroristas para reconocer su trágico y cruento desatino histórico", y ha precisado que deben "renunciar expresa, clara y definitivamente a las armas y explosivos que aún puedan poseer y desapareciendo de nuestra sociedad de la única manera posible, que es su disolución".

Destacada presencia del Gobierno vasco en el acto del Palacio de Justicia

Según ha asegurado, "la investigación y enjuiciamiento de todos los delitos es un deber ineludible de la Justicia", y el cumplimiento de las penas también, "siempre conforme a los principios constitucionales de humanidad, dignidad, derecho a la integridad física y moral, y a la salud de los presos, buscando la finalidad primordial de reeducación y reinserción social".

En esta línea, se ha mostrado convencido de que "una pronta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos clarificará definitivamente" la interpretación de la Ley española en el Ejecución de las penas privativas de libertad que "bastantes presos, por terrorismo y otros delitos, están cumpliendo en estos momentos", en referencia a la denominada 'doctrina Parot".

Además, ha apuntado que "no hay más que una forma de mostrar respeto decente a las víctimas" que es "reconocer públicamente que es justo aplicar el Código Penal a los culpables de que lo sean".

Ibarra,a su vez, ha destcado que Euskadi todavía está "inmersa en la experiencia aún inacabada de la reflexión de autocomprensión colectiva sincera y éticamente honesta que requiere la conciencia de ser una sociedad marcada por la historia de la violencia terrorista de ETA y que nos mantienen en una deuda de justicia cívica con las víctimas de la pasada violencia política".

"En el País Vasco esta necesidad de enfrentarnos a conciencia con el pasado de la violencia nos plantea el reto de volver presente ese pasado. Pero atender a este reto no ha impedido el paso a la propuesta de que los victimarios puedan cursar la ejecución de sus condenas privativas de libertad desde los parámetros de la justicia restaurativa y lo que en ella se contiene de propuesta innovadora sobre la 'idea de la justicia'", ha añadido.

El máximo representante del TSJPV ha afirmado que, "a diferencia de las impracticables propuestas de una suerte de 'Justicia penal transicional' fundada en presupuestos de amnesia respecto a nuestro pasado como sociedad política, la 'justicia social restaurativa', propone priorizar la reparación del daño injusto causado por el delito a las personas damnificadas y reconstruir el tejido social deteriorado por el crimen desde el valor del respeto a las expectativas normativas truncadas por la acción delictiva".