El juez imputa a dos guardias civiles por torturar a un islamista detenido

La justicia ha atendido la petición del marroquí Mohamed Mrabet para que se investigue si fue víctima de torturas durante su detención como presunto integrante de una célula islamista que enviaba muyahidines a Irak. La Audiencia de Madrid ha ordenado que se cite a declarar, como imputados, a dos agentes de la Guardia Civil que le custodiaron durante las 72 horas que duró el arresto. Los magistrados consideran que los guardias pudieron haber ejercido “presiones psicológicas” sobre Mrabet para “obtener su confesión o información”, según el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Mrabet fue condenado a siete años de cárcel —y posteriormente absuelto— por pertenecer a una organización terrorista que, desde Vilanova i la Geltrú (Garraf) ayudaba a enviar combatientes al Irak ocupado. La operación chacal se desarrolló en 2006 y llevó al banquillo a cinco personas. Todas ellas fueron finalmente exculpadas porque el Tribunal Supremo dictó, en 2011, la nulidad de la mayoría de pruebas. El alto tribunal trasladó la sentencia a la fiscalía ante las sospechas de que los detenidos habían sufrido torturas.

La querella de Mrabet es la única que ha prosperado y que sigue viva para aclarar los hechos. El hombre, que ha decidido poner tierra de por medio y ha regresado junto a su esposa a su ciudad natal, Tánger, denunció que fue golpeado durante el traslado a Madrid y humillado en las dependencias policiales. Según su relato, los agentes “le obligaban a permanecer de pie en la habitación y a hacer flexiones, controlándole mediante cámaras, dando golpes en la puerta para impedirle dormir”. Los policías le insultaron, se mofaron del islam y amenazaron “con enviar a su mujer e hijos a su país de origen”, recoge la denuncia, elaborada por el abogado Jaume Asens.

Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Madrid señalan que esas supuestas presiones pudieron servir para “obtener su confesión o información” o bien, para “castigarle por su sospechosa implicación en un delito de terrorismo”. Su situación incomunicada pudo causarle “sufrimientos mentales” e incluso “atentar contra su integridad moral”, lo que podría constituir un delito de torturas.

El juez de instrucción había archivado la causa porque un informe del instituto armado precisó que en la detención y custodia “se observaron escrupulosamente todos los preceptos legales”. El auto le obliga ahora a reabrirla y a citar, como imputados, a dos guardias. Los magistrados, no obstante, archivan definitivamente la segunda parte de la querella de Mrabet, en la que relataba que diversos agentes le propinaron golpes en la cabeza.

Mrabet, 44 años, estuvo casi un año en prisión por esos hechos. Regentaba una carnicería en Vilanova y presidía la asociación que gestiona la mezquita Alkurfan. La sentencia de la Audiencia Nacional concluyó que estaba integrado en una que quería manejar explosivos para preparar atentados en Europa. Para ello, desviaba los fondos que recaudaba la mezquita. En un altillo de su casa se hallaron textos yihadistas notas manuscritas en las que detallaba cómo contactar, desde Damasco, con las redes de acogida de activistas para penetrar en Irak. Además, dio trabajo y acogió a un argelino que murió en un ataque suicida contra las tropas italianas desplegadas en Nasiriya.

El Supremo anuló las pruebas clave —las declaraciones, porque se obtuvieron baja tortura; y las llamadas telefónicas, porque se hicieron sin tutela judicial— y les absolvióa todos.