La Comisión sobre el derecho a decidir fijará en noviembre el camino a la consulta
Otegi enviará por carta a los partidos sus opiniones sobre la consulta a petición de la CUP
La Comisión del Derecho a decidir ha asumido hoy el mandato que surgió del debate de política general que el Parlamento catalán cerró el viernes: fijar las vía legal por la que se pedirá al Congreso que permita la consulta catalana y establecer la pregunta y la fecha del referéndum. Los grupos parlamentarios que forman parte de la comisión (CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa y la CUP) se han reunido esta mañana para fijar nuevas comparecencias y han asumido las nuevas tareas encomendadas por el Parlament.
La presidenta de la Cámara, que también dirige la comisión sobre el derecho a decidir, ha fechado el debate sobre la fecha, la pregunta y la vía legal para convocar la consulta para el mes que viene: "Tenemos un mandato. A lo largo del mes de noviembre deberemos hablar de lo que se establecía en esta resolución pactada". El texto será publicado oficialmente mañana en el boletín del Parlament. Iniciativa, uno de los grupos que más presionó para que el proceso soberanista pivotara en la cámara, se ha felicitado de la nueva tarea: "Nos obliga a ser más efectivos, sin prisa pero sin dilaciones", ha apuntado la diputada Dolors Camats.
El PSC, molesto desde el viernes por una resolución que se firmó en paralelo a la que apoyaron los socialistas, menos concreta y basada en el documento sobre el derecho a decidir que consensuó el ex presidente del Parlament, Joan Rigol, con partidos y entidades. Maurici Lucena, portavoz socialista, ha asegurado que la resolución del Parlament y el trabajo de la comisión "es incompatible. "Sería bueno que nos explicara como se sincroniza el trabajo de la comisión con las nuevas tareas", ha añadido Lucena, quien ha querido acabar su intervención con críticas al resto de grupos: "La resolución aprobada por CiU, ERC, ICV y la CUP desvirtúa y desnaturaliza el trabajo de esta comisión".
La Comisión sobre el derecho a decidir funciona como un encaje de bolillos para incluir las sensibilidades de todos los partidos en el camino hacia la consulta. Prueba de ello son las nuevas comparecencias fijadas para estudiar las vías legales para lograr el referéndum. De Gispert ha retrasado 45 minutos el inicio de la Comisión para lograr un pacto entre todos los grupos, que finalmente han consensuado quince propuestas de comparecientes, repartidos entre constitucionalistas (por ejemplo, Javier Pérez Royo, Xavier Arbós, Francisco Rubio Llorente o Francesc de Carreras) y expertos en otros conflictos territoriales, como el político de Quebec Daniel Turp, el galés Adam Price o Jonathan Powell, que fue jefe de gabinete de Tony Blair y participó en el proceso de paz de Irlanda del Norte.
Para lograr el acuerdo, los grupos han renunciado a algunos de los comparecientes que reclamaban. La CUP ha retirado de la petición al dirigente abertzale Arnaldo Otegi. "Puede aportar su conocimiento sobre el derecho a decidir", ha defendido el portavoz de la CUP Quim Arrufat. Esquerra estaba de acuerdo en encontrar una vía para que Otegi, en la cárcel, pudiera dar su visión a los diputados. Finalmente, igual que otros comparecientes rechazados para obtener el consenso, la CUP pedirá a Otegi que envíe a los grupos parlamentarios sus pareceres por escrito. Gemma Calvet, de ERC, celebró que puedan tener "la aportación de un hombre de Estado" como el dirigente abertzale.
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