El Gobierno vasco asegura que la operación es “un paso atrás”

El Gobierno vasco, al tiempo que ha exigido a ETA su desarme, ha precisado que la operación desarrollada contra Herrira supone "una mala noticia, un paso atrás". El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ha apuntado que es el momento, tras el cese definitivo de la violencia por parte de ETA, de exigir responsabilidad, no solo a la banda, también al Gobierno central que debe "contribuir a crear una política de estado por la paz", según ha explicado a preguntas de los periodistas.

"La sociedad vasca no comprende que en un momento en el que todos debemos ser capaces de dar pasos hacia adelante, se empeñan algunos en poner en marcha operaciones que nos recuerdan a otros tiempos ya superados", ha puntualizado Erkoreka, que ha defendido la necesidad de que el Gobierno central desarrolle una política con "la mira puesta en la paz. No vemos que aquí se esté trabajando hacia un escenario consolidado de paz, hace falta una nueva política de estado para la paz", ha remarcado.

Por su parte, El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha definido la operación de "escándalo antidemocrático" cuando "la sociedad está dando pasos decididos y decisivos hacia un escenario de paz y de normalización política". El dirigente de Bildu ha hecho estas declaraciones, preguntado por los periodistas, antes de participar en una reunión en Vitoria con los otros diputados generales y el lehendakari, Iñigo Urkullu.

"Las fuerzas más reaccionaras del estado español nos pretenden arrastrar a un pasado oscuro. Es tiempo de que Euskal Herria responda como pueblo y así se lo haga saber al lehendakari, para que de una vez por todas, todos pasemos de las palabras a los hechos", ha reclamado. Garitano ha especificado que "el pueblo vasco tiene una vasta experiencia para movilizarse y hacer ver al estado español que este no es el camino", además de señalar que participará en alguno de los actos que se convoquen en señal de protesta por la operación desarrollada bajo mandato del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional y cuyo objetivo es determinar si Herrira es la sucesora de las ilegalizadas Gestoras pro Amnistía y Askatasuna.

Lokarri, la red ciudadana por el acuerdo y la consulta, ha mostrado su "más firme" rechazo a la operación  y ha considerado que la acusación de ser "sucesora de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna y próxima a ETA" no se sostiene porque, en su trayectoria, la plataforma de apoyo a los presos "se ha expresado de manera clara y nítida en favor del respeto a todos los derechos humanos de todas las personas y ha apostado por la pacificación".

La plataforma ha añadido en un comunicado que la operación representa "una grave vulneración de libertades democráticasfundamentales, como son el de reunión, asociación o manifestación, más aún teniendo en cuenta la trayectoria de Herrira".