La juez Alaya admite que dos delitos han prescrito en el ‘caso Mercasevilla’

Entre los seis empresarios beneficiados destacan dos hermanos de la ministra Fátima Báñez

Mercedes Alaya junto a Francisco Guerrero, juez decano de Sevilla.
Mercedes Alaya junto a Francisco Guerrero, juez decano de Sevilla.Julián Rojas

Afloran los primeros efectos del atasco en el juzgado del caso de los ERE. La juez Mercedes Alaya ha admitido que dos delitos del caso Mercasevilla, por el que hay imputados 23 personas, han prescrito. Los dos delitos afectan a la imputación de seis empresarios que pujaron para alzarse con el concurso público de suelos de la empresa Mercasevilla, que la magistrada considera fraudulento.

Dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, Juan Nicolás y Eduardo Báñez García, responsables de la empresa Construcciones Juan de Robles, destacan entre los seis empresarios beneficiados por este retraso en la investigación e imputados por maquinación y fraude y exacciones ilegales, además de prevaricación. La juez admite que los dos primeros delitos han prescrito y el tercero no lo ha hecho, según su providencia emitida el pasado viernes.

Los hechos supuestamente delictivos ocurrieron en 2006, la investigación se inició en 2009 y los delitos prescriben a los cinco años. Es decir, la instrucción dispuso de dos años (hasta 2011) para haber investigado y procesado a los supuestos responsables del fraude, según la juez. Hoy ya es demasiado tarde. En estos cuatro años Alaya concluyó la investigación del intento de soborno de Mercasevilla y ha avanzado en el caso ERE.

Es la primera vez que la juez se pronuncia sobre la prescripción de unos delitos en alguna de las cuatro causas que instruye en paralelo —una de ellas secreta—. La relevancia de la prescripción es muy alta, dado que diferentes voces del mundo judicial, entre ellas el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, han hecho hincapié sobre el retraso que acumulan las causas del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y la necesidad de darle un impulso a las causas. Estas prescripciones, instadas por la Fiscalía Anticorrupción el pasado julio, parecen darle la razón a estas voces que pedían celeridad a la juez, aunque siempre desde el respeto a su independencia.

“Es cierto que el delito de maquinación ha prescrito y que el de fraude y exacciones ilegales también lo ha hecho, acogiéndose a la interpretación más favorable al reo tras la reforma del Código Penal”, subraya la magistrada. En su escrito, la juez pide a Anticorrupción que se pronuncie sobre la prescripción del delito de prevaricación que según la tesis de Alaya cometieron los empresarios al confabularse para que la constructora malagueña Sando ganara el concurso por la venta de suelos de Mercasevilla. Para la juez carece de lógica que Sando ganara el concurso con una oferta “antieconómica” al proponer 105 millones, mientras que su competidora Noga ofreció 158 millones. Tanto la Guardia Civil como la fiscalía dan credibilidad al supuesto amaño de los ocho empresarios que participaron en el concurso.

Un informe de la Guardia Civil destacó los contactos previos al concurso entre Sando y Mercasevilla y apuntó a que la constructora usurpó las funciones de la empresa pública y fijó un pliego de condiciones en el que la propia constructora iba a participar, con una valoración que le beneficiaba.

La situación generada ahora tras la prescripción es un tanto extraña desde el punto de vista jurídico, ya que los dos delitos importantes han prescrito y solo quedaría la supuesta participación de los empresarios en el delito de prevaricación en su condición de extraneus, es decir, de colaborador necesario.

Los empresarios afectados por esta prescripción son Juan Nicolás y Eduardo Báñez García, Eugenio Sánchez Ramade, Bárbara Gutiérrez, Ignacio Bayón y Antonio Vicente Sánchez. Al margen de estos seis empresarios acusados, están imputados y previsiblemente dejarán de estarlo el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, imputado asimismo en el caso Gürtel, y José Romero González, presidente de la constructora Prasa, que dijo que se presentó al concurso sin esperanzas de ganarlo y “como el que se presenta a un examen sin habérselo estudiado”. En paralelo, la multiplicidad de causas ha forzado a Alaya a aplazar sine die las declaraciones de los tres imputados por el delito societario en Mercasevilla, previstas para esta semana, al coincidir con comparecencias del caso ERE, informó Europa Press. Los exdirectivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo, imputados desde mayo de 2010, seguirán a la espera de prestar declaración en el juzgado tres años y medio después de ser acusados por Alaya.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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