Un etarra pide su expulsión de un juicio en la Audiencia en solidaridad con Herrira

El jefe del comando Otazua de ETA, Daniel Pastor Alonso, ha pedido ser expulsado de la sala de la Audiencia Nacional que le juzga por el asesinato en 2008 del brigada de Ejército Luis Conde como rechazo a la "represión" en el País Vasco, en referencia a la operación contra Herrira.

Pastor, que se sienta en el banquillo de los acusados junto a Iñigo Zapirain y Beatriz Etxeberria por el asesinato el 22 de septiembre de hace cinco años del brigada de Ejército con un coche bomba colocado en el Patronato militar de Santoña (Cantabria), se ha negado a declarar y responder a las preguntas.

"No voy a responder ninguna pregunta de este tribunal que defiende el amparo de la tortura y mucho menos en el día de hoy, que se han incumplido los derechos de los ciudadanos y ciudadanas vascas con represión en las calles", se ha limitado a decir en alusión a la detención el lunes en las tres provincias vascas y Navarra de 18 miembros de Herrira, la organización de apoyo a los presos etarras.

Después de pronunciar esta frase, Pastor ha pedido de forma voluntaria ser expulsado de la sala, por lo que ha sido conducido a la "pecera" acristalada donde también se encontraban los otros dos acusados. Tanto Daniel Pastor, alias "Txirula", como Iñigo Zapirain, "Aritxa" y Beatriz Etxeberria, "Kot", se enfrentan a penas que suman 486 años de cárcel por asesinato terrorista consumado y en grado de tentativa por las otras 25 personas que se encontraban en el edificio cuando se detonó la bomba, siete de ellas heridas.

Los tres acusados ya fueron condenados a 45 años de prisión por el asesinato de Puelles

Los tres acusados ya fueron condenados a 45 años de prisión por el asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles en 2009 y a 31 por atentar contra el escolta Gabriel Ginés en 2007.

Zapirain también se ha opuesto a declarar y tan sólo ha dicho que no reconocía la legitimad del tribunal y, por tanto, no iba a formar parte de él ni a contestar ninguna pregunta.

Con todo, la fiscal se ha interesado por las declaraciones del acusado ante la Guardia Civil y en sede judicial en las que sí reconoció que el comando Otazua había recibido instrucciones de ETA para buscar objetivos en Cantabria, algo que aceptaron y que luego ejecutaron con un coche bomba en el Patronato militar de Santoña.

La negativa a declarar de Zapirain ha sido repetida por Etxebarria, la tercera acusada, quien a las palabras pronunciadas por su compañero ha añadido: "Solo quiero que quede constancia de las declaraciones de mis compañeros...", tras lo cual ha sido interrumpida por la magistrada Manuela Fernández de Prado.

Cuando la fiscal ha recordado la declaración de la acusada ante la Guardia Civil, ésta ha dicho en voz más baja "bajo torturas", en referencia al interrogatorio que le hicieron en su día los agentes.

Después de los acusados, han declarado en calidad de testigos varios militares que presenciaron la explosión del coche bomba, los guardias civiles encargados de la investigación, así como Lourdes Rodao, la viuda del militar.

Esta última ha relatado que se enteró por la radio, "de la manera más horrible", de que su marido había sufrido un atentado y ha denunciado la soledad y la sensación de "abandono" que sintió en esas dos horas hasta conocer que había fallecido.

"A una víctima nunca se le puede dejar sola, no tuve el medico, mi marido murió y la sensación de impotencia es muy grande", ha asegurado Rodao antes que confesar que ese momento y las pesadillas que ha tenido no se las desea ni a su "peor enemigo".

Según el relato de los hechos que expone el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, el coche bomba que explosionó en el patronato militar fue recogido por los tres acusados en un polígono de Vitoria dos días antes del atentado, adonde lo habían llevado miembros de la banda desde Francia.

Zapirain fue el encargado de conducir otro coche de tipo "lanzadera" que se encargaba de abrir camino al vehículo que contenía la bomba de 100 kilos de explosivo, el cual llevaron Etxeberria y Pastor.

Los etarras aparcaron el coche en Arrigorriaga y al día siguiente lo llevaron hasta Santoña, donde lo estacionaron a 50 metros de la puerta del Patronato Militar, donde explosionó a la una de la madrugada, provocando la muerte por la onda expansiva del brigada del Ejército, que falleció cuarenta minutos más tarde.

Además de diversos heridos, el artefacto causó daños materiales en el edificio y los inmuebles colindantes por valor de 5,1 millones de euros.

Por estos hechos, la fiscal considera a los tres responsables de un delito de asesinato terrorista, por el que les pide 30 años de cárcel; 25 delitos de tentativa de asesinato (por las personas que había en el edificio), por cada uno de los que reclama entre 15 y 20 años; un delito de estragos terroristas, por el que pide 20 años, y otro de uso de vehículo de motor ajeno (1 año y medio).

También reclama que indemnicen con 500.000 euros a los familiares del brigada fallecido y con las cantidades que se determine en sentencia a los heridos. A esta peticiones de penas por parte de la Fiscalía, se suman también como acusación particular la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).