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Bancaja jugó en Bolsa con los ahorros de una anciana

Las operaciones las realizó desde las Islas Caimán

“Disipando el mito”. Así es como describe la web de Maples & Calder’s la sede central de su oficina en las Islas Caimán, conocida como Ugland House. Esta firma especializada en activos financieros en paraísos fiscales dio cobertura jurídica a cajas españolas cuando, a finales de los noventa, iniciaron su aventura en el mercado secundario, es decir, jugar en Bolsa con el dinero de sus clientes. En España, lo tenían prohibido.

Para J. C. C., nonagenaria valenciana, discapacitada y analfabeta, la aventura de su banco no la llevó de vacaciones al Caribe sino a una residencia de la tercera edad. Desde 1999, la fenecida Bancaja estuvo jugando con su dinero en el Mercado de Valores desde las Islas Caimán, hasta que su “director de confianza” le pidió en 2012 canjear sus participaciones preferentes en acciones de Bankia sin valor. Al menos, así las catalogaba la agencia de calificación de riesgos Moody’s, un año después de su salida a Bolsa.

Poco después, el abogado de J. C. C., José Pascual Fernández, interponía una demanda contra Bankia por vicio del consentimiento. Ésta sería una más de las miles de historias que desfilan por los juzgados por venta de participaciones preferentes, si no fuera porque su banco le dice ahora que no le vendió nada, que simplemente fue un intermediario y que el vendedor fue Bancaja Eurocapital Finance (BEF).

Pero, ¿quién era el BEF? ¿Una filial creada por una caja de ahorros para realizar operaciones financieras de alto riesgo desde un paraíso fiscal con el objeto de defraudar a Hacienda? Al menos, así lo entendió la Fiscalía Anticorrupción cuando en 2001 abrió una investigación tras comprobar, por una alerta del Banco de España, que varias cajas de ahorro españolas aprovechaban esta operativa para evadir el pago de impuestos, como el impuesto de sociedades.

La mujer creía que estaba invirtiendo 72.000 euros en un plazo fijo

La amnistía fiscal de 2003 abocó a Anticorrupción al archivo, y obligó al Gobierno a modificar la normativa. En 2008, diez años después de su constitución, BEF siguió vendiéndole a la anciana otros productos financieros complejos, los conocidos swaps. Ya estaba en vigor la Directiva comunitaria de 2008, cuando J. C. C. “compró” las últimas emisiones de Bancaja E08 por 10.001 euros. La Unión Europea restringía su venta a particulares, exigiendo un perfil inversor, transparencia e información para la comercialización de estos productos.

Desde 1999, año en que J. C. C. “invirtió” 29.000 euros en lo que ella siempre creyó “un plazo fijo”, fue “comprando valores mobiliarios” y “siguió haciendo nuevas operaciones” jugándose en Bolsa los ahorros de toda su vida: 72.000 euros. Incluso firmó la venta de preferentes y su canje por acciones cuando ya tenía reconocida una discapacidad del 75% y se encontraba en una residencia de la tercera edad. En febrero de 2014, cuando la anciana cumpla 93 años, se celebrará el juicio.