Sanidad suspende el plan de traslado de personal de los hospitales privatizados
Madrid reconoce así por primera vez que que el proceso de "externalización" está paralizado El personal sanitario tenía un plazo para decidir si seguía con las empresas o pedía traslado
La Consejería de Sanidad de Madrid decidió ayer suspender el proceso para trasladar al personal sanitario de los seis hospitales cuya gestión pretende privatizar. Reconoce así, por primera vez, que el proceso de entrega a empresas de la gestión de estos centros está paralizado desde que el pasado 11 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendiera cautelarmente el proceso. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha evitado desde entonces admitir en público la paralización, incluso tras preguntas insistentes de los periodistas que le pedían conocer su plan B.
Ayer Sanidad decidió mantener en suspenso una resolución del 20 de agosto pasado en la que se convocaba el proceso de movilidad interna voluntaria para el personal fijo de los seis hospitales. Lo hace hasta que "se produzca un pronunciamiento judicial que modifique el contenido del citado [la decisión del TSJM que paralizó la privatización el 11 de septiembre] auto".
El Gobierno regional recurre la paralización
La Comunidad de Madrid presentó ayer un recurso en reposición al auto que paralizó la privatización de la gestión de seis hospitales madrileños, informan fuentes del TSJM. Lo ha hecho, como es preceptivo, ante los mismo magistrados que tomaron estas medidas cautelares, los de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Dicha sala ha dado traslado a las partes y se espera que haya respuesta en unos 15 o 20 días, precisan las mismas fuentes judiciales.
Los magistrados tienen dos opciones, mantener las medidas o revocarlas, pero sería extraño que se desdijeran ahora. El auto, además, es muy claro en este sentido. La sala cree que el plan privatizador "es de unas dimensiones tan extraordinarias" que, de seguir adelante y si finalmente una sentencia obligara a volver a la situación anterior, los cambios en la gestión sanitaria pública madrileña serían "irreversibles". De ahí que acordaran la suspensión "hasta que el recurso se resuelva", es decir, hasta que se falle sobre el fondo del asunto.
Si los jueces mantienen la suspensión, el Gobierno regional puede presentar un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La resolución de este recurso no tiene por qué demorarse mucho tiempo, ya que puede presentarse por el trámite de urgencia.
El Gobierno regional se había puesto como objetivo traspasar la gestión de seis hospitales públicos a manos privadas antes de que terminase el mes de septiembre. Para ello, necesitaba solucionar con rapidez la situación laboral de los cerca de 5.200 profesionales sanitarios que trabajan en ellos. El 54% son eventuales o interinos. El personal fijo, que supone otro 38% —el resto es personal laboral, que será subrogado—, podía elegir entre quedarse en su hospital bajo las órdenes de la empresa concesionaria, pero cobrando del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), pedir una excedencia y trabajar para la empresa, o reclamar el traslado a un centro de gestión pública de la red.
Los 2.000 sanitarios fijos de los seis hospitales tenían desde el 21 de agosto y hasta el 11 de octubre para pedir el traslado a un centro público. La Dirección General de Recursos Humanos publicó el 20 de agosto la resolución por la que se convoca el “proceso de movilidad interna voluntaria específico” para el personal fijo del Sermas adscrito a los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo.
Los 2.800 interinos y eventuales, por su parte, debían decidir antes del 19 de septiembre si querían ser contratados por las empresas adjudicatarias. Los pliegos del concurso especificaban que las concesionarias tienen que ofrecerles a todos un trabajo, pero nada dice de las condiciones, ni salariales ni de turnos u horarios.
Tanto los fijos como los eventuales llevaban desde el 11 de septiembre preguntándose qué pasaría con el proceso de movilidad interna. ¿Debían hacer oficial su preferencia? ¿Esperar hasta que se aclarara el proceso judicial? Los sindicatos venían aconsejando que presentaran los papeles porque la resolución que convocaba la movilidad seguía vigente. Finalmente la propia Consejería de Sanidad ha resuelto las dudas.
El sindicato CSIT-UP ha señalado en un comunicado que "a pesar de que la Consejeria de Sanidad se empeña en denominar como voluntario este proceso de movilidad" ellos ya habían manifestado en las reuniones de la mesa sectorial que "no es voluntario sino forzoso y 'a ciegas' debido a la privatización de los centros, decisión unilateral del Gobierno regional".
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