¿Dónde ponemos el límite de la transparencia?

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hizo pública el pasado miércoles su declaración de la renta y también la de su marido, José María Moriche, con el que tiene un régimen de separación de bienes y, además, es una persona que no tiene nada que ver con la política: trabaja en una librería. La iniciativa responde al “sobreesfuerzo” en transparencia que los políticos deben hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos, según Díaz, quien ha reclamado al PP que haga lo mismo.

Hasta ahora, el debate sobre la transparencia en las cuentas de los políticos se centraba en el conocimiento público de sus declaraciones de renta, sus bienes y su patrimonio. Pero la presidenta de la Junta ha puesto en el escaparate también a las parejas. Un nuevo escenario en el que ha tenido mucho que ver el escándalo de la ministra del PP Ana Mato y el supuesto enriquecimiento de su exmarido a través de la trama Gürtel. Díaz dijo en el Parlamento andaluz que entregaba la declaración de su esposo para que “se puedan detectar los Jaguar en los garajes”, en clara referencia a la ministra, que dijo desconocer que a su marido le habían regalado ese coche de lujo.

“La iniciativa de la presidenta es buena desde el punto de vista pedagógico, pero debe ser a título voluntario, la sociedad no puede exigir que cualquier persona que se dedique a la política tenga que presentar las cuentas de su pareja, cónyuge, padres u otros familiares. Porque ¿dónde ponemos el límite?”, se pregunta Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Granada. Montabes cree que “pueden verse afectados derechos de terceras personas, como el de la intimidad. De personas que no tienen una actividad pública”, estima. Parecido opina Emilio Guichot, profesor de Derecho Administrativo y Derecho de la Información en la Universidad de Sevilla: "me parece cuestionable que se pueda exigir legalmente la publicidad de las retribuciones, bienes y actividades de los familiares” porque “aquí hay una prevalencia del derecho a la protección de datos personales”. Para la politóloga y directora del Cadpea (Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía), Carmen Ortega, el límite exigible en la presentación de cuentas podría estar en lo que constituye “la unidad familiar en el IRPF”, es decir, el político y quien conviva o dependa de él, porque extender la exigencia a otros familiares “nos podría llevar al absurdo”.

No obstante, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada, Susana Corzo, advierte de que “no debe confundirse la transparencia en la toma de decisión y en la gestión y administración de los fondos públicos con la posible pérdida de intimidad de una unidad familiar donde hay un miembro que opta por dedicarse a la política”. “Hay que cuidar todos los derechos de los ciudadanos, y los políticos también lo son”, continúa. En su opinión, el foco en la transparencia de los políticos no hay que ponerlo en su remuneración o patrimonio porque “el que desee abusar del poder en su beneficio o de un colectivo, lo hará de mil formas para que no aparezca en su renta personal”, afirma. Cuestión distinta es que haya “indicios o sospechas” sobre un político, en cuyo caso “el juez puede acceder a toda la información necesaria para la averiguación de los delitos”, dice Emilio Guichot.

Susana Corzo cree que la difusión de la renta de un político “no necesariamente conlleva transparencia, sino conocimiento de lo que un político ingresa o no por su representación, y su patrimonio. Lo primero debería estar publicado en las web de cada institución en donde se preste el servicio” y, lo segundo, el patrimonio, “si ve incrementado de forma sorprendente, debería ser el Ministerio de Hacienda el que lo detectase de manera inmediata”, explica. Corzo considera que el punto de mira hay que situarlo en “cómo se gestionan los recursos públicos, qué decisiones se toman y a quién benefician. Es ahí donde debe centrarse la transparencia” porque “de los beneficios que se obtienen al administrar recursos públicos es de donde devienen prebendas, dádivas, puestos en consejos de administración después de dejar la política, financiación de partidos, subvenciones, o sea, la corrupción”.

Los expertos destacan la necesidad de que haya mecanismos de control de la actividad política como leyes de transparencia o anticorrupción “donde se tipifiquen delitos y sus consecuencias penales”, afirma Corzo, pero, en cualquier caso, las leyes, “aunque hay que hacerlas, no son la solución”, dice Juan Montabes, “sino el cambio de la cultura política, que en España debería haberse producido a principios de los años 90, cuando hubo tantos escándalos como ahora, pero la dinámica de PP y PSOE, que hicieron de frontón, no permitió que ese cambio se produjera y ahora la situación es similar”.

Para Montabes, el nuevo estallido de casos de corrupción de los últimos años “ha hecho que el péndulo de la exigencia social esté en el punto más alto y que se centre también en el ámbito personal, no solo profesional. Se le exigen valores a los políticos que no se exigen al resto de la sociedad, a médicos, arquitectos... Lo que lleva a establecer controles reforzados que ninguna otra actividad profesional requiere”.