Bomberos, en el punto de mira

Un juez de Córdoba investiga un posible caso de enchufismo en el Ayuntamiento de la capital. Entre 2008 y 2009, el Consistorio sacó a oposición 25 plazas para el Cuerpo de Bomberos municipal. Se presentaron más de 1.600 aspirantes, que se enfrentaron a una dura y prolongada oposición. Solo 130 llegaron al último examen, la parte práctica. Entre todas las preguntas, la número 23 —aparentemente sencilla— quedó en blanco en las pruebas de los siete aspirantes que más nota obtuvieron. Todos ellos, hoy integrados en la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), declararon el pasado lunes como imputados en la investigación que realiza el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, centrada en el posible fraude de la prueba para enchufar a los seleccionados.

Un informe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Córdoba concluyó que, al menos, cinco de los siete candidatos que obtuvieron plaza y que han sido imputados mantienen estrecha vinculación con miembros de la plantilla de bomberos. Son hijos, sobrinos o ahijados de sargentos de este cuerpo que, a su vez, están afilados al sindicato CC OO y tienen cargos de responsabilidad al ser delegados sindicales. El juez investiga si este sindicato pudiera ser otro de los nexos de unión en la supuesta red fraudulenta tejida para colocar premeditadamente a dichos aspirantes como funcionarios del cuerpo.

A consecuencia de los resultados de las pruebas y ante las sospechas de fraude, varios de los aspirantes que finalizaron la oposición y no obtuvieron plaza denunciaron los hechos. Su querella, en principio, iba dirigida contra cinco bomberos del SEIS y un funcionario del Ayuntamiento de los dos que formaban parte del tribunal que seleccionó a los 25 aspirantes a entrar en el cuerpo de bomberos municipal. Se da la circunstancia de que, en octubre de 2008, antes de iniciarse dicha oposición, el sindicato CGT presentó un contencioso por el nombramiento irregular de estas dos personas. Pese a ello, el Ayuntamiento no los sustituyó como miembros del tribunal y finalmente dichos vocales quedaron anulados por sentencia firme.

El examen mismo fue recurrido por vía contenciosa tras finalizar la oposición, llegando hasta el TSJA. Finalmente, el alto tribunal desestimó el recurso por un defecto de forma. Aunque, tras ver cerrada esta vía, los recurrentes decidieron presentar querella criminal. Es ahí donde entra en juego el juez Rodríguez Lainz, famoso por ser el instructor de la investigación sobre el asesinato de los hermanos Ruth y José. El magistrado ha optado por no citar a los seis denunciados originalmente. En cambio, llamó a declarar el pasado lunes a siete de los 25 bomberos que obtuvieron plaza.

La declaración duró toda la mañana. Los siete imputados afirmaron no recordar todos los detalles del examen. En especial, las razones por las que dejaron en blanco la pregunta del examen que los querellantes consideran clave en todo este proceso: la cuestión número 23. Una pregunta sencilla que no supieron contestar cuando sí habían respondido otras muy complejas.

Los querellantes sospechan que esa respuesta en blanco sería la señal clave para el tribunal opositor a la hora de aprobar con la máxima nota a los aspirantes hoy imputados. Según reza la querella presentada por los denunciantes que no obtuvieron plaza, “se articuló un sistema para identificar los exámenes de esos candidatos de la casa, como es que dejaran en blanco una pregunta en concreto, la 23, que era de desarrollo, elemental y muy fácil, y quedaba, además, integrada en la parte de la prueba en la que los errores no penalizaban. Por eso es lógico pensar que, incluso sin conocer a fondo el temario, merecía la pena cualquier tipo de respuesta”. Así, siete de los opositores con notas más altas dejaron esa cuestión sin contestar, y todo ellos están entre los aspirantes llamados de la casa.

Fuentes cercanas al caso señalan que, a preguntas de Rodríguez Lainz y de su propio letrado, los siete imputados negaron el lunes cualquier tipo de acuerdo previo ni de fraude en el examen. Los declarantes negaron que existiese un patrón común en sus respuestas, aunque no supieron explicar por qué dejaron esa pregunta en blanco. También negaron o restaron importancia a su posible vinculación con CC OO. Todos se negaron a responder a las preguntas del abogado de la acusación particular, que representa los intereses de los querellantes que se presentaron a la misma prueba.