Caballero responde con una multa a la exigencia de más fondos para el Auditorio

La luna de miel entre el Ayuntamiento de Vigo y la concesionaria del Auditorio Mar de Vigo es historia. La crisis del complejo cultural, comercial y de ocio ha acabado con el idilio entre el gobierno municipal de Abel Caballero y la unión de empresas Pazo de Congresos, S. A., a la que se le adjudicó la construcción y explotación en tiempos de Corina Porro y a la que ahora el Ayuntamiento le reclama 300.000 euros por incumplimiento de contrato.

Caballero ha explicado hoy que la cantidad reclamada se corresponde con el 10% de los ingresos previstos en el plan económico financiero de la sociedad, que considera que debe ser recuperado por el Ayuntamiento ante el “desinterés” de Pazo de Congresos en ofertar espacios alquilables. La decisión responde al inminente desahucio del hotel Carrís que forma parte del complejo, ordenada por el juez por impago de cuotas. Así, a partir del 1 de octubre la actividad en el Mar de Vigo se limitará a los conciertos y congresos que organice Congrevigo, que se quedará como único cliente de la adjudicataria. La multa de 300.000 euros supone un cambio radical en la política relacionada con el Auditorio por parte de Caballero, que hasta la fecha sostenía que la única actividad estratégica para el Ayuntamiento era la congresual y de conciertos. Pero las cosas han cambiado desde el momento en que Pazo de Congresos –integrada por Sacyr, Puentes y Calzadas y Novacaixagalicia– presentó una reclamación al Ayuntamiento, al que atribuye sus dificultades a la “paralización del planeamiento urbanístico de la zona”. La solicitud de la adjudicataria se interpreta en el gobierno local como la antesala de la reclamación judicial de una indemnización millonaria.

El gobierno local vigués, que hace solo un año inyectó cinco millones de euros más en Pazo de Congresos y le prorrogó la concesión hasta 60 año, ha dicho basta, y le exige que negocie cuanto antes con otro operador que mantenga abierto el hotel, cuya desahucio está previsto desde el 23 de abril. El cierre sería “una interrupción injustificada” de la actividad en el complejo que construyó César Portela, por lo que además de la multa de 300.000 euros se interpondrán otras de carácter coercitivo. “No vamos a tolerar que se produzca un desmantelamiento” del complejo de Beiramar, ha advertido el alcalde vigués, que acusó a la concesionaria de “no cumplir con sus obligaciones en las zonas complementarias”. “Se le requiere (a Pazo de Congresos) que explote la obra en los términos del contrato”, ha añadido, si bien ha aclarado que la actividad de Congrevigo queda al margen de esas consideraciones, porque, según ha recalcado, “está funcionando bien” y “tiene una actividad normal”.

Tal y como se planteó el Auditorio, además del hotel y de la actividad cultural y congresual debería contar con una cafetería en la terraza, un restaurante, planta comercial y superficie para oficinas. Los últimos en cerrar fueron la cafetería y el restaurante, por lo que el cese de la actividad del hotel Carrís dejará el complejo prácticamente paralizado. Según responsables de la cadena de Carrís, la unión de empresas que gestiona el Auditorio-Palacio de Congresos –a la que reclama judicialmente nueve millones de euros– ni rebaja las cuotas que cobra a los operadores en régimen de alquiler ni cuida del negocio porque tiene la intención forzar el concurso de acreedores, como paso previos a la reclamación al Ayuntamiento del rescate de la concesión a cambio de una indemnización millonaria. El dinero invertido hasta la fecha en el complejo ubicado en Beiramar asciende a 90 millones de euros.