La justicia reprocha a la Xunta que se resista a acatar fallos sobre el gallego

En tiempos del bipartito, el PP comenzó la reconquista de la Xunta con una campaña en la que acusaba al Gobierno de PSdeG y BNG de imponer el gallego en las aulas con un decreto que no respetaba ni la legalidad ni los “derechos civiles”. Los populares basaban su acusación en que el Consello Consultivo, un órgano asesor de la Administración autonómica, había puesto ciertos reparos a la norma que establecía que en los colegios al menos la mitad de las asignaturas debía impartirse en el idioma propio de Galicia para frenar la pérdida de hablantes.

Cuando tomó posesión como presidente, el popular Alberto Nuñez Feijóo impulsó un modelo lingüístico en las escuelas cuyo pilar básico —el “derecho” de elección del idioma por parte de los padres— ha sido tumbado sucesivamente por varias sentencias que, según acaba de revelar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la Consellería de Educación ni siquiera está acatando.

El auto del alto tribunal, con fecha del 2 de septiembre, conmina al Gobierno de Feijóo a la ejecución “forzosa” en el plazo máximo de un mes de las sentencias que anulan parte de dos artículos del “decreto del plurilingüismo”, como bautizó el PP a la norma en la que se revocó la discriminación positiva del gallego en la enseñanza y se estableció que esta lengua se debía usar en el mismo número de asignaturas que el castellano. El TSXG recrimina a la Consellería de Educación el incumplimiento de las resoluciones judiciales, tras el recurso que presentaron A Mesa pola Normalización Lingüística, un colectivo en defensa de idioma propio de Galicia, y CIG-Ensino, el sindicato mayoritario en la enseñanza.

Aunque el auto no lo aclara, tanto A Mesa como la CIG consideran que el incumplimiento al que se refiere el alto tribunal radica en el que hecho de que Educación sigue realizando a principio de curso una consulta a los padres con niños matriculados en Educación Infantil sobre la lengua a utilizar en el aula. En 2012 una sentencia firme del TSXG consideró ilegal esta práctica recogida en el artículo 5 del decreto del plurilingüismo porque suponía que la Administración abandonaba su “responsabilidad” al someter “a votación” de los padres “un aspecto tan fundamental como la lengua que se debe emplear en la etapa de Educación Infantil”.

La Consellería de Educación ya ha presentado recurso contra el auto del alto tribunal. Sostiene que cumple “escrupulosamente” las sentencias sobre el decreto del gallego y defiende la legalidad de seguir organizando la consulta porque su resultado no determina por sí solo la lengua a emplear en el aula sino que también se tiene en cuenta “la realidad sociolingüística del entorno” y la garantía de que los escolares adquieren conocimientos en las dos lenguas cooficiales.

En su auto conocido ayer, el Tribunal Superior advierte a Educación de que en caso de persistir en el incumplimiento de las sentencias se podrán adoptar “las medidas necesarias para lograr su efectividad”, interponer multas “de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes” y “se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

El líder de CIG-Ensino, Anxo Louzao, y el presidente de A Mesa, Carlos Callón, piden a la Xunta que no persista en su acción “chulescamente ilegal” y retiren la consulta. “El decreto está muerto”, proclamó Callón. El PSdeG acusó al Gobierno de Feijóo de “reírse” de la ley, AGE reclama la retirada de la norma que supone un retroceso en la presencia del gallego en las aulas y el BNG aseguró que la política lingüística del PP está ocasionando graves daños al aprendizaje del idioma propio de Galicia.

Las críticas no le llegaron al PP solo de la oposición. Galicia Bilingüe, el colectivo que promovió en la época del bipartito una campaña contra la normativa que daba prioridad al gallego en las aulas y al que los populares brindaron apoyos y promesas, considera que Feijóo “no puede ampararse en esas sentencias [las del TSXG] para no reconocer ciertos derechos en los que dice creer”. La asociación se refiere al “derecho” de los padres a elegir la lengua en la que estudian sus hijos, una premisa a la que se adhirió el presidente de la Xunta cuando estaba en la oposición pero a la que los tribunales no ven base legal. Galicia Bilingüe insta al PP a cambiar la Lei de Normalización Lingüística para ser coherente con lo que defendía y prometía en la campaña electoral de 2009, la que lo llevó a reconquistar la Xunta.