El PP reclama consenso lingüístico pero considera intocable el decreto

El consenso se convirtió ayer, una vez más, en la palabra fetiche del Grupo Parlamentario Popular para debatir sobre la lengua. Eso sí, un consenso supeditado a la aceptación, por parte de la oposición, del Decreto do Plurilingüismo no Ensino, que también ayer publicaba el Diario Oficial de Galicia, y a excluir de cualquier acuerdo el ámbito educativo. Para socialistas y nacionalistas, sin embargo, "pronunciar la palabra consenso y a la vez aprobar unilateralmente un decreto como éste es una absoluta falacia".

Fue el PSdeG el que, por boca de su portavoz de Educación, Guillermo Meijón, exigió un pacto, aunque "sin exclusión de ningún ámbito". "Si no quieren partir de la ponencia parlamentaria", expuso, "que nosotros recogimos del Consello da Cultura, presenten ustedes una iniciativa". Según Meijón, sólo cuatro puntos resultan necesarios para iniciar conversaciones: la Constitución, el Estatuto, la Lei de Normalización y el Plan Xeral que la desarrolla desde 2004. La nacionalista Carme Adán, por su parte, denunció que de la norma recién aprobada se había retirado la palabra "normalización", presente en las anteriores legislaciones. "La sustituyen por equilibrio, lo que significa limitación del gallego", concluyó.

El Bloque denuncia que la palabra "normalización" ha desparecido del texto

Pero la derecha no se dio por aludida. El conselleiro de Educación, a pesar de que era el único miembro de la Xunta que seguía en persona la moción sobre el decreto de las lenguas en la enseñanza, no intervino y la posición conservadora la defendió el diputado Agustín Baamonde. Éste comenzó mencionando al PSdeG "su capacidad para llevar el país a la ruina" -hablaba de Zapatero- y luego les espetó: "No tienen una sola idea sobre la lengua y se erigen en sus paladines". El resto de su perorata la dedicó a acusar a los socialistas de practicar seguidismo del Bloque -"¿están dispuestos a aceptar las tesis lingüísticas del BNG?"- y a apelar, en una pirueta retórica, al consenso. "Mal podemos llegar a un consenso", afirmó, "si hablan de que hay que retirar el decreto".

Baamonde tampoco tocó otro de los asuntos espinosos que Guillermo Meijón colocó en el hemiciclo. "¿Aprobaron ustedes realmente un decreto el pasado jueves?", preguntó, antes de inisistir: "Porque ¿se puede aprobar en un Consello de la Xunta un texto que no es definitivo?". Fuentes de la Consellería de Educación admitieron ayer que el polémico Decreto do Plurilingüismo fue acabado de redactar después de la reunión semanal de la Xunta que lo aprobó, el pasado jueves. En ese Consello, los miembros del equipo de Feijóo pactaron las recomendaciones del Consultivo que asumiría el texto -la retirada temporal de la consulta a los padres en Primaria y Secundaria y la matización de la misma en Infantil- y que la Secretaría Xeral de Política Lingüística transcribió esa tarde. Al día siguiente fueron remitidas a la Presidencia, que las envió al Diario Oficial de Galicia. Ayer publicó la normativa íntegra.

Sin embargo, en la nota a los medios entregada al término del Consello del jueves se informaba de que el decreto ya había sido aprobado. No se facilitó su texto, aún por ultimar. Anteayer a mediodía, una portavoz de la Consellería de Educación aseguró que se estaban introduciendo "los últimos cambios" y que no había fecha concreta para su publicación en el DOG. El procedimiento seguido por la Xunta para sacar adelante el cambio legislativo, explicaron expertos jurídicos a este periódico, no es habitual y nunca se utilizó durante la anterior legislatura. Las normas que acuerda el Consello están previamente redactadas para que el Gobierno acceda a lo que aprueba, una vez ha pasado por la Asesoría Xurídica.

En el debate de la moción socialista que instaba a la Xunta a retirar la totalidad del decreto, y que el Grupo Popular tumbó, el PP ratificó que la consulta en Primaria y Secundaria "resulta una promesa irrenunciable" y que, como ha avanzado el presidente Feijóo, se regulará por ley.

El principal sindicato de la enseñanza, CIG, y la Mesa pola Normalización Lingüística anunciaron ayer que presentarán recursos en el Tribunal Superior de Xustiza contra la nueva normativa.