Montero anuncia un Presupuesto andaluz “extremadamente difícil”

El Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014 será “extremadamente difícil”, obligará a hacer “un ajuste extremo” y será “austero” por la “fortísima restricción financiera”. La nueva consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, utilizó ayer todos estos adjetivos para dibujar el contorno de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio, que deberán entrar en el Parlamento el último día de octubre. En su debú ante la comisión de Hacienda, Montero también marcó las líneas rojas del Presupuesto con el que se persigue el “sostenimiento de las políticas públicas” y favorecer la recuperación económica.

Montero señaló que Andalucía no privatizará servicios públicos ni los cerrará. Pero menos contundente se mostró respecto al mantenimiento de los puestos de trabajo en la Junta. “Mantendremos el máximo empleo público posible”, dijo. Como ya anunció la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su investidura, el Gobierno andaluz encargará a un comité de expertos un diagnóstico sobre las empresas instrumentales, que el PP coloca bajo el epígrafe de “administración paralela”. El Ejecutivo quiere que este informe esté listo a finales de 2014, que es tanto como congelar la solución a un problema ya analizado por los expertos convocados por la Junta en 2003, al hilo de lo que se llamó la segunda modernización.

La consejera hizo un guiño a los funcionarios y a todos los empleados públicos con los que quiere negociar el desarrollo del Estatuto Básico para delimitar las potestades y potenciar la promoción. Montero reconoció errores por parte del anterior equipo de Hacienda a la hora de plantear la reforma del sector público, que puso en pie de guerra a los funcionarios en la pasada legislatura. “La reorganización administrativa no ha sido suficientemente consensuada o explicada”, subrayó.

Montero aseguró que el Gobierno andaluz mantendrá su compromiso con el pacto de estabilidad, que obliga a la Junta a embridar el déficit este año al 1,58% de su PIB, aunque destacó que no lo comparte. También pidió mejorar los ingresos y una mayor autonomía fiscal para tocar los impuestos actuales.

En la réplica al diputado del PP Santiago Miranda, la consejera de Hacienda reiteró las palabras de Díaz en su investidura de que no aumentará la presión fiscal, aunque sí se va a “profundizar en la revisión de la progresividad” de manera que las rentas más altas sean las que más paguen.

En este sentido, el portavoz de IU, Ignacio García, defendió “apurar al máximo” la capacidad fiscal de la comunidad. “Eso no quiere decir que aquí se vayan a subir los impuestos. Lo que va a haber es una redistribución muy distinta, bien por la modificación de los impuestos o por la vía de crear otros nuevos siempre al que más los tiene”, señaló.

Los socios del PSOE en el Gobierno andaluz siempre han sido firmes partidarios de la subida fiscal. En el primer presupuesto pactado con los socialistas defendieron la inclusión de una tasa a las grandes superficies comerciales que presentaron a través de una enmienda que no fue apoyada por sus coaligados. Esta petición la mantienen viva para este año, aunque hay otras que afectan a nuevos impuestos ecológicos y sobre juego y apuestas deportivas. En la retaguardia de estas demandas también figura aumentar los ingresos autonómicos por la actividad de la caza.

La consejera reconoció que la Junta tiene “un serio problema de ingresos” y que la recaudación por IRPF, IVA e Impuestos Especiales había caído un 22% en el periodo 2008-2012. Las figuras impositivas creadas por Andalucía el pasado año, los llamados impuestos propios, apenas representan el 1,8% de los ingresos de la comunidad.

Montero hizo una referencia al caso del fraude de los ERE pero sin citarlo. Aseguró que se intensificarán los controles para “luchar contra la corrupción”, por lo que se reformará la ley de la Cámara de Cuentas. “Para que los casos que han ocurrido no se vuelvan a producir”, dijo Montero, también se “reforzará el control sobre las transferencias de financiación”, la vía administrativa utilizada por la Junta de Andalucía para conceder las ayudas de los ERE que investiga la juez Mercedes Alaya.

Casi todos los portavoces del Partido Popular recibieron a los nuevos consejeros en sus comparecencias parlamentarias s con la bandera del caso de los ERE en la mano. Especialmente agria estuvo la popular Teresa Ruiz Sillero con el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado. “¿Llevan ustedes en los genes la corrupción?”, le espetó. “Ustedes no van a dejar de hablar de la corrupción. Eso es también genético”, le respondió Maldonado.

Los cambios en el Gobierno han obligado a hacer cambios en las presidencias de las comisiones. La exconsejera Carmen Martínez Aguayo preside desde ayer la de Igualdad que hasta ahora ocupaba José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE de Almería, que presidirá la de Economía.