Un ex alto cargo alega indefensión para interrumpir su declaración ante Alaya

—“Se llama al orden al letrado porque le está tocando la chaqueta al imputado (...) Le pido que deje de interrumpir los interrogatorios y juegue limpio”, dijo la juez Alaya.

—“No he interrumpido, no he tocado la chaqueta y no acepto que se me diga que juegue limpio”, replicó el abogado.

La tensión ha vuelto al juzgado sevillano del caso de los ERE hasta el punto de provocar la interrupción del interrogatorio al ex número dos de Presidencia de la Junta de Andalucía Antonio Lozano. El exviceconsejero, acusado de malversación y prevaricación, ha respondido a solo ocho preguntas de la magistrada antes de abandonar la sala porque consideraba que sus derechos y garantías no estaban siendo respetadas. Alaya le había acusado de hacer “teatro”. El abogado de Lozano, José María Mohedano, ha protestado: “Es la expresión máxima de la falta de respeto al que está declarando”. A continuación, el letrado ha abundado en su crítica contra Alaya: “La juez no quiere grabar los interrogatorios para que no se vea lo que pasa aquí dentro”.

Mohedano había solicitado sin éxito que se grabara la sesión, pero Alaya ha rechazado su petición: “La grabación aumentaría la expectación mediática que existe sobre el asunto al poder disponer los medios de comunicación de la grabación”, ha alegado la magistrada, que considera suficiente las actas del secretario del juzgado para dejar fe de lo declarado.

Durante el interrogatorio, Alaya ha ordenado al abogado que se separara de Lozano para no darle indicaciones, y el acusado ha protestado porque el acta no reflejaba de manera fiel sus declaraciones.

La juez acusa a Lozano, antiguo director general de Presupuestos del Ejecutivo autónomo, de tramitar 12 modificaciones presupuestarias para el fondo de los ERE mediante las transferencias de financiación, una fórmula que la juez estima que el Gobierno andaluz empleó para evitar los controles de la Intervención General en la concesión de subvenciones. Alaya ha imputado al ex alto cargo el incumplimiento de la Ley General de Subvenciones y la Ley General de Hacienda Pública al tramitar ayudas por una cuantía de 57 millones entre 2002 y 2009. “El inculpado pretendía, en connivencia con otros, conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que, bajo el argumento de la agilidad y la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación”, reza el acta de imputación.

Alaya le ha achacado haber conocido el “uso inadecuado” del fondo de los ERE porque participaba en una reunión anual de técnicos previa a la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Junta: “Participaría activamente en alterar la realidad presupuestaria (...) simulando la existencia de unos gastos en la cuantía necesaria para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiación”.

La tesis incriminatoria de Alaya se resume en que tanto Lozano como otros altos cargos —en julio fueron imputados 20 de ellos, incluida la exministra Magdalena Álvarez— sabían que las transferencias de financiación eran utilizadas para conceder subvenciones directas a empresarios y financiar los ERE, cuando la ley no contempla esta opción.

Antonio Lozano ha admitido que este mecanismo de pago no podía destinarse a financiar operaciones con un fin concreto. Y ha alegado que su dirección general desconocía la forma concreta en la que se realizaba la gestión del fondo, que correspondía a la dirección general de Trabajo. Cuando Alaya ha preguntado sobre el detalle de análisis del fondo de los ERE, el ex alto cargo ha rechazado que lo conociera.

Sin embargo, la defensa de Lozano ha sido muy limitada, ya que solo ha respondido ocho preguntas. Lozano ha defendido la legalidad de los instrumentos de financiación de los ERE, aprobados por el Parlamento andaluz.

Al final de la tensa y breve comparecencia, iniciada con 45 minutos de retraso, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta y UGT como acusaciones ha pedido medidas cautelares contra el número dos de Presidencia hasta el pasado septiembre. El PP y la organización Manos Limpias han solicitado una fianza por responsabilidad civil de 76 millones (57 millones de las ayudas tramitadas más un tercio que establece la ley). Alaya decidirá al respecto en las próximas semanas.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha rechazado pronunciarse sobre la comparecencia de Lozano: “La justicia, a hacer su trabajo y el gobierno a gobernar”, ha zanjado. Mientras, el PP ha insistido en su estrategia de intentar minar al Ejecutivo con el caso de los ERE pese a que Díaz ha prescindido de cargos relacionados con el caso. “No pasará un solo día sin airear el vergonzoso caso, frente a la ley del silencio que quieren imponer la Junta y el PSOE”, ha comentado la secretaria popular de Territorio, Alicia Martínez.