Un juez carga contra la Generalitat por tolerar corridas de toros turísticas

La Justicia estrecha el cerco a las corridas de toros incruentas celebradas el verano pasado en dos fincas que albergan ganaderías de reses bravas en Alfara de Carles (Baix Ebre) al considerar estos espectáculos una actividad “ilegal” y prohibida”, que vulnera la ley catalana de protección de animales. En estos términos se expresa el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 17 de Barcelona en una interlocutoria emitida la semana pasada en la que arremete duramente contra los Departamentos de Interior y Agricultura de la Generalitat por no haber ordenado el cese de las actividades, según publicó ayer El Periódico.

A presenciar el espectáculo taurino, aderezado con música flamenca, paella y sangría, acudían cada semana autobuses repletos de turistas rusos previo pago de unos 90 euros. Cuando trascendieron estas celebraciones, las abogadas Magda Oranich y Anna Mulà, integrantes de la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Barcelona, interpusieron una demanda contra Departamento de Agricultura por no incoar ningún expediente sancionador a las dos ganaderías, algo que sí finalmente hizo Interior.

Ahora el juez, en una pieza separada dentro del mismo proceso, estima la medida cautelar solicitada por las demandantes de suspender los espectáculos taurinos. “Si se tratase de pruebas veterinarias, no se necesitarían para nada la presencia de centenares de turistas y la parafernalia propia de una corrida de toros”, esgrime el magistrado. Pero, además, el juez califica los actos como un “negocio” y carga las tintas contra la Generalitat: “Resulta sorprendente que, pese a estarse infringiendo la legalidad de una forma patente y notoria ninguna Administración, ni el Departamento de Agricultura ni el de Interior no haya ordenado el cese inmediato de la actividad que se está realizando”. Y concluye: “De forma indirecta la Administración se encuentra facilitando o propiciando la prosecución de una actividad ilegal y prohibida”.

Los espectadores pagaban 90 euros por el espectáculo taurino, la paella y la actuación de flamenco

A los sucedáneos de corridas de las dos ganaderías de las Tierras del Ebro acudían, entre otros, toreros profesionales como Serafín Marín. Este verano las celebraciones taurinas no se han sucedido, según fuentes de la zona, al menos de forma tan frecuente como en el pasado verano. Ayer Àngela Mur, propietaria de una de las ganaderías en discordia, La Mur, rehusó dar su versión de los hechos.

Los Mossos d'Esquadra realizaron inspecciones en la finca Ullal a mediados de agosto del 2012. En las actas, reproducidas en la demanda, los agentes dejaron constancia de la ausencia de “autorización para el evento” así como “ausencia de veterinario, ni presencia de ambulancia ni servicio médico” en el espectáculo.

“Nuestro objetivo era el cese de las actividades, esto sienta un precedente para toda Cataluña”, aseguró la letrada Mulà ya que, explicó, tenían constancia de que dos proyectos de las característas que los realizados en Alfara de Carles se habían presentado en ayuntamientos de las provincias de Barcelona y Girona.

El Ejecutivo catalán recurrirá la interlocutoria, avanzó ayer un portavoz del Departamento de Agricultura, al entender que en ella el magistrado se extralimita en cuestiones de forma. En las inspecciones realizadas por Agricultura a las explotaciones no se detectó maltrato de animales, reiteraron desde este departamento.