Los pescadores reclaman la ayuda que prometió Rajoy por la crisis del Peñón

En el momento de máxima tensión entre el Gobierno español y el de Gibraltar por el hundimiento, a finales de julio, de 71 bloques de hormigón que impiden faenar a medio centenar de barcos de la bahía de Algeciras, el Ejecutivo de Rajoy prometió ayudas de hasta 30.000 euros brutos durante un periodo de tres años. Las ayudas se anunciaron para seis meses a partir del 1 de agosto de 2013 hasta el 31 de enero de 2014, con prórrogas si continuaba el conflicto. Las subvenciones no llegan y los bloques siguen en el fondo del mar, por lo que los armadores piden a la UE que los incluyan en su próxima inspección.

Leoncio Fernández, patrón mayor de la Cofradía de La Línea de la Concepción (Cádiz), la más afectada por el conflicto, afirmó este miércoles que “el sector empieza a impacientarse por la tardanza del Gobierno de España en tramitar las ayudas económicas prometidas”.

Fernández recordó que, el pasado 12 de agosto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció el inicio de la tramitación de un proyecto de orden de ayudas para la flota pesquera afectada. “Más de un mes después, ni llegan las ayudas ni los pescadores tienen información al respecto”, criticó el patrón andaluz.

“Los pescadores me preguntan constantemente, pero no les puedo dar respuesta y eso crea nerviosismo entre los compañeros. Los pescadores necesitan las ayudas prometidas por el Gobierno de forma urgente, debido a la precariedad económica que vive el sector”, añadió.

Por su parte, el presidente de los armadores andaluces, Pedro Maza, se mostró ayer “perplejo” por la decisión de la Comisión Europea de no estudiar, durante la visita de sus inspectores al Campo de Gibraltar entre los días 24 y 26 de este mes, los bloques de hormigón hundidos en el mar por parte del Gobierno de Gibraltar.

“Se debería estudiar el conflicto con Gibraltar como un todo, analizando no sólo el contrabando o los controles en la aduana, sino también incluyendo el conflicto pesquero que, al fin y al cabo, fue el detonante de la situación actual”, afirmó Maza.

El representante de los armadores dijo que espera que el Gobierno español insista para que los inspectores analicen el problema generado por el hundimiento de los 70 bloques, a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, haya afirmado que “no se necesita ninguna inspección de los bloques de hormigón porque ya han sido filmados por la Guardia Civil y se han precisado los preceptos de la zona de protección referidos a la directiva europea Hábitat”. “Una inspección in situ, no tiene ningún sentido, como no tiene el menor sentido una inspección sobre las alegaciones fiscales españolas contra Gibraltar, que también son objeto de instrucción en Bruselas”, apostilló el Ministro.

Por su parte, los dirigentes sindicales de UGT y CC OO en el Campo de Gibraltar instaron a la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Línea de la Concepción (Apymel) a que “solicite al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para la ciudad” por los perjuicios causados en el comercio por las colas y los controles en la aduana; la situación económica del Ayuntamiento, que adeuda a la plantilla entre ocho y nueve nóminas; y el desempleo, según detalló José Porras Naranjo, secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

“En estos momentos, la lucha sindical no pasa por protestar bombo en mano a las puertas del Ayuntamiento, porque en este mismo mandato, con la socialista Gemma Araujo al frente del Consistorio, ya se realizó una acampada de 56 días junto al Palacio de Congresos y una huelga de 23 días” , manifestó el sindicalista de UGT, quien entiende que “las soluciones para la ciudad de La Línea pasan por el desbloqueo de la Participación en los Impuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma o por la concesión, de nuevo, de la carta económica especial”.

CCOO y UGT insistieron en que los exhaustivos controles en la frontera han causado una caída general de la actividad en el comercio y la hostelería del 60%, a lo que se suma la ruina del Ayuntamiento.