Suspendido el juicio contra 10 detenidos durante la ‘primavera valenciana’

Los policías habían sido citados solo como denunciantes, pese a ser también denunciados

Los estudiantes se abrazan a la salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia tras la suspensión del juicio.
Los estudiantes se abrazan a la salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia tras la suspensión del juicio.Tania Castro

El juicio contra 10 estudiantes detenidos por desórdenes públicos y lesiones durante las protestas de la primavera valenciana fue suspendido ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Los cinco policías implicados estaban citados solo como denunciantes aunque en el procedimiento tienen también condición de denunciados. Una de las letradas, Mercé Teodoro, explicó que las denuncias de los estudiantes hacia los agentes "no se han tramitado". Los seis abogados de los acusados han pedido la nulidad de la causa al entender que las faltas atribuidas a los jóvenes han prescrito. Si la juez estimara sus argumentos, que presentarán ahora por escrito, el juicio no se celebraría.

María Cuéllar, abogada de dos de los acusados, explicó que las faltas prescriben a los seis meses y, en este caso, desde que declaró uno de los agentes, el 30 de abril de 2012, hasta que se dictó el auto de transformación a faltas, transcurrieron más de 10 meses. Durante este lapso de tiempo no hubo ninguna otra actividad procesal, y los letrados esgrimirán este argumento para pedir la prescripción definitiva.

Cerca de medio centenar de personas de diversos movimientos sociales se concentraba frente a la Ciudad de la Justicia para mostrar su apoyo a los acusados. Som el poble, no l'enemic [somos el pueblo, no el enemigo], rezaba una de sus pancartas, en oposición a las declaraciones del jefe de la policía que, días después de las protestas, calificó a los estudiantes como "el enemigo".

Antes del juicio, Brenda, una de las acusadas, recordaba aquellos días mientras trataba de liar un cigarrillo, cuyo tabaco saltaba del papel por el temblor de sus manos. El 16 de febrero de 2012, tras las protestas estudiantiles del día anterior frente al Instituto Lluís Vives de Valencia, la policía detuvo a 10 personas en diferentes protestas. Lo que comenzó como una concentración contra los recortes en educación, acabó con cargas policiales contra los estudiantes, muchos de ellos menores, y con centenares de estudiantes cortando el tráfico en el centro de la ciudad.

En un primer momento, los agentes arrestaron a seis personas, una de ellas menor, por resistencia y de desobediencia a la autoridad frente al Lluís Vives. La manifestación se trasladó a la sede la Delegación de Gobierno, en la calle Colón, para pedir la dimisión de la delegada, Paula Sánchez de León, por los arrestos practicados. Los agentes detuvieron a dos jóvenes más en el interior de un centro comercial. Después, frente a la sede de la Jefatura Superior de Policía, los agentes detuvieron a dos personas más. Entre estos 10 detenidos se encontraba el presidente de la Federació Valenciana d'Estudiants, Albert Ordóñez Pérez.

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