Los regantes instan a la Junta a recurrir la subida generada por la nueva tarifa de luz

La reforma tarifaria aprobada por el Gobierno este verano ha caído como un jarro de agua fría entre los regantes, el sector más productivo de la agricultura andaluza. La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, ha estimado en un 20,26% la subida media que deberán soportar los agricultores, lo que supone en términos brutos un sobrecoste de unos 37 millones de euros o, lo que es lo mismo, entre 20 y 30 euros por hectárea. La reforma tarifaria publicada en una Orden del pasado 3 de agosto castiga especialmente al regadío al obligar a contratar la potencia durante todo el año, sin tener en cuenta la estacionalidad de su consumo energético, limitado a seis meses en el interior y a unos ocho meses en las zonas del litoral.

Según el informe elaborado por Feragua, el incremento se debe a la subida desproporcionada del término de potencia (por encima del 100%) en los dos tipos de tarifas más habituales en el regadío andaluz, una subida que no se compensa con la disminución de la fracción del término de energía (en torno al 60%). De este modo, los agricultores con menor consumo eléctrico serán los más afectados. Un impacto que notarán especialmente los olivareros y los regantes del Bajo Guadalquivir. Feragua pone como ejemplo el caso de la comunidad Nuestra Señora de los Dolores, de Arjona (Jaén), que verá incrementada su factura un 40%. “La subida va a tener un impacto insoportable para el regadío andaluz, y muy particularmente para sus comunidades de menor dimensión y con baja intensidad de uso de la electricidad, con incrementos superiores al 40%. Está en juego es la supervivencia de estas comunidades”, advierte Margarita Bustamante, presidenta de Feragua. Esta asociación estima que desde la liberalización del mercado eléctrico en 2008, el incremento del término de potencia en la tarifa más habitual del regadío andaluz ha sido del 1.255%.

Feragua se ha dirigido a la nueva consejera de Agricultura, Elena Víboras, a quien le insta a recurrir la reforma eléctrica del Gobierno de la nación, tal y como ha hecho Extremadura. El Ejecutivo del popular José Antonio Monago ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad y pide una tarifa especial similar a la que había antes de 2006, un IVA reducido o que la factura se diferencie según sea época de riego o no.