Andalucía blinda a los consumidores frente a los bancos en las hipotecas

Primero fue el decreto antidesahucios y ahora el anteproyecto de ley sobre hipotecas. Ambos textos legales del Gobierno andaluz de PSOE e IU tienen en común el objetivo de proteger a los propietarios de vivienda frente a la banca. El decreto, que se tramita como ley, fue recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo andaluz espera que el texto que aprobó este martes y que ahora inicia su recorrido no corra la misma suerte. El anteproyecto persigue blindar a los ciudadanos de los posibles abusos de las entidades financieras cuando firmen un contrato hipotecario para adquirir una casa, según afirmó el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU).

El texto pretende obligar a las entidades financieras a informar de manera exhaustiva —“hasta de las letras más pequeñísimas”, en palabras de Valderas— de todos los trámites hipotecarios. La Junta de Andalucía carece de competencias en esta materia, pero sí en consumo, por lo que la futura ley andaluza regula desde el momento en que los consumidores acuden a una entidad para solicitar información hasta el momento en que suscriben la hipoteca.

Como novedades, el anteproyecto reconoce a la persona avalista “como sujeto protegido”, al que se le debe facilitar la misma información que el deudor principal. También se obliga a las entidades a incluir una información básica como la existencia de cláusulas suelo y techo y la referencia al riesgo de perder la vivienda en caso de incumplimientos. Igualmente, el Gobierno andaluz amplía a un mes como mínimo el plazo de validez de la oferta vinculante entre el deudor y la entidad prestamista, cuando ahora es de unos 15 días.

Los notarios y registradores están obligados a “poner en conocimiento del consumidor” y de la Junta de Andalucía “la detección de cláusulas abusivas en las hipotecas”. Valderas aseguró que estos profesionales podrán ser sancionados si los usuarios los denuncian por no advertirles de abusos bancarios en sus hipotecas, aunque este aspecto no viene recogido así en la información que facilitó la Consejería de Administración local y su regulación se remite a un reglamento posterior.

El anteproyecto eleva el capítulo de sanciones previsto en la ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Las muy graves pasan de 30.001 euros hasta 400.000 euros a 40.001 euros hasta 600.000 euros. El vicepresidente de la Junta admitió que su consejería no ha consultado a la banca durante la elaboración de la ley, aunque sí con otras organizaciones profesionales y asociaciones de consumidores y usuarios.