El Síndic alerta de que los municipios tienen demasiadas facturas en el cajón

Las conocidas como “facturas en el cajón”, o lo que es lo mismo, la deuda pública reconocida pero no contabilizada, ha sido uno de los caballos de batalla en la fiscalización de las cuentas de la Generalitat estos últimos años. Su afloramiento ha elevado considerablemente el nivel de endeudamiento de la Administración autonómica. Pero no es el único ámbito en el que proliferan.

“Su conocimiento resulta cada vez más vital, dado lo que nos estamos encontrando cuando visitamos los ayuntamientos”, advirtió ayer el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, sobre las obligaciones no reconocidas en los presupuestos municipales. Queralt insistió, durante una comparecencia en las Cortes Valencianas para explicar el informe de fiscalización de las entidades locales correspondiente a 2011, en que la Sindicatura de Comptes está encontrando muchas de esas facturas en los informes individuales que ejecuta sobre ayuntamientos de ciudades de más de 20.000 habitantes. “Los reconocimientos extrajudiciales de obligaciones se están convirtiendo en una forma normal de pago”, alertó, para añadir que con ello se desvirtúan las cuentas públicas.

Aunque hay ayuntamientos perfectamente saneados, el Síndic consideró “preocupante” el fenómeno y lo atribuyó a la falta de control interno y a decisiones políticas “inadecuadas”, aunque puntualizó que no todas esas operaciones implican responsabilidades contables, ya que depende de cada caso. Por ello, entre los objetivos de la Sindicatura situó el refuerzo de los controles internos de las entidades locales y la obtención de información sobre las obligaciones pendientes de aplicar a presupuestos, así como sobre los reparos de los interventores y sobre los acuerdos adoptados por los ayuntamientos pese a los informes contrarios de los secretarios municipales. La Sindicatura ha recibido en el primer semestre de este año 132 ficheros relativos a facturas en el cajón, 130 sobre reparos y 201 sobre acuerdos contrarios a informes de los secretarios. A lo largo de todo 2012 recibió 258, 319 y 510, respectivamente.

Queralt, que reclamó de nuevo para la Sindicatura de Comptes “un régimen sancionador efectivo” e instó a la Generalitat a hacer uso de la facultad de suprimir o limitar las subvenciones no finalistas a los ayuntamientos incumplidores, explicó que el informe de 2011 refleja los efectos de la crisis sobre los ayuntamientos y la dificultades financieras que atraviesan. El empeoramiento de las cuentas de los municipios se reflejó ese ejercicio en unas necesidades de financiación de 85,5 millones de euros y un deterioro del 8% del remanente de tesorería, que se situó en un importe negativo de 129,8 millones. La fiscalización se llevó a cabo sobre 588 entidades locales que remitieron sus cuentas. De ellas, 512 son municipios, lo que representa el 95%. Tras destacar el aumento de las deudas a corto plazo y la disminución de inversiones, Queralt dijo que esos datos denotan que “los ayuntamientos deben olvidarse de los ingresos procedentes del urbanismo”.

Feria Valencia rendirá cuentas al ser confirmado su carácter público

En respuesta al diputado socialista Julián López Milla, el Síndic Major de Comptes señaló que el reconocimiento que se ha producido finalmente del carácter público de Feria Valencia llevará a que la institución rinda cuentas en 2012, aunque ha solicitado “un cierto tiempo de adaptación” a las normas de las entidades públicas. El parlamentario de Esquerra Unida Ignacio Blanco, que le preguntó por escrito —dado que estaba afónico— sobre el ayuntamiento de Navajas, el único que nunca ha rendido cuentas, Queralt recordó que la Sindicatura ya hizo, “con muchas dificultades”, una fiscalización y puso el caso en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que es el que debe actuar. A Juan Ponce, de Compromís, le confirmó que está prevista una auditoría operativa sobre la recogida de residuos urbanos y a Maritina Hernández, del PP, le reconoció que los derechos o ingresos pendientes de cobro, que podrían haber prescrito, son “los grandes ausentes de la fiscalización”.