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La deuda municipal por vecino en Alcalá se duplica en un año y roza los mil euros

“No son posibles nuevas operaciones de préstamos en 2013”, según Intervención

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello. Ampliar foto
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello.

La deuda de Alcalá de Henares fue de 268 millones de euros a 31 de diciembre de 2012, según el informe de intervención municipal de ese ejercicio. Y eso sin añadir diversos procedimientos judiciales en curso “que podrían incrementar dicha deuda en otros siete millones”, según recoge el interventor general municipal. El Ayuntamiento, gobernado por Javier Bello (PP), que esperaba ingresar 176 millones ese año, se quedó muy por debajo (136). Los 40 millones de menos en ingresos se añaden a los 10 millones de más en gastos (186 y no 176), generando un déficit corriente de 50 millones. “Todo eso tras pedir un crédito de 94 millones para un plan de ajuste que no se está cumpliendo”, denuncia Javier Rodríguez, secretario general socialista de Alcalá y portavoz en el Consistorio. “En septiembre han aflorado 20 millones en facturas impagadas en 2013 de las que el PP no quiere hablar”, apunta. En el pleno de esta tarde se someterá a votación la aprobación de la Cuenta General de 2012.

La situación es tan grave que el Ayuntamiento no puede endeudarse más al haber rebasado los topes establecidos por ley. El límite para concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para financiar inversiones requiere, además de contar con un ahorro neto positivo en la liquidación del ejercicio, una deuda viva inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados, cifra que en este caso supera los 102 millones.

Superada esa barrera, si la deuda se encuentra entre el 75 y el 110% —equivalente a 150 millones— el municipio requiere una autorización previa para poder endeudarse, pero siempre con el 110% de techo, porcentaje superado por el Consistorio. “Dado que el importe de las operaciones de crédito concertadas en la actualidad superan dichos informes no es posible acudir al endeudamiento para financiar nuevos gastos de inversión”, sentencia el interventor. “No será posible acudir a nuevas operaciones de préstamo durante 2013 para financiar nuevas inversiones”, insiste. El pago a proveedores, excluida la banca, es de 115 días “y no los 60 que afirmaba el PP”, apostilla Rodríguez.

Además, el endeudamiento por habitante de la ciudad prácticamente se ha duplicado en un ejercicio, alcanzando los 953,8 euros de 2012 frente a los 542,5 de 2011. El interventor lo justifica por “la transformación de la deuda comercial en deuda financiera”. A su vez, la inversión por habitante desciende vertiginosamente, de 91,92 a 49,80 euros por los 199,06 de 2010. Esto es, 150 euros menos en dos años.

Publicidad sin contrato

Las irregularidades referidas por la Cámara de Cuentas en su informe de Alcalá en 2010 han llevado a UPyD a presentar una demanda ante el Tribunal de Cuentas para exigir responsabilidades a los gestores del Ayuntamiento. Por ejemplo, por sobrepasar en 1.245.440 euros “el límite a la cuantía global” del complemento de productividad presupuestado para los funcionarios municipales.

“Las irregularidades detectadas corresponden solamente a ese ejercicio, aunque parece evidente que podrían detectarse muchas más... El alcalde actual ha seguido, incluso pese a los reparos de la Intervención, cometiendo nuevas irregularidades como contratos administrativos que no cumplen la ley a favor de algunos medios locales”, observa el diputado regional Ramón Marcos. El importe de los servicios relacionados con la confección de carteles, talonarios, sobres, folletos y guías, suscripción y publicidad por inserción de anuncios en prensa gráfica fue de 1.462.170 euros. La cifra “representa el 58% del importe total de las facturas registradas sin contrato”, según la Cámara. La facturación en anuncios y eventos municipales, “sin que conste la existencia de los correspondientes contratos”, fue de 1.009.090 euros entre cinco empresas. Una obtuvo 579.587 euros.

El documento de 39 páginas del interventor es un ejemplo más del estado de las arcas del Ayuntamiento cervantino. El informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas del ejercicio de 2010 cifraba la deuda municipal en 318 millones. El Tribunal de Cuentas determinó, tras examinarlo, que se encontraba ante “hechos de los que se pueden derivar la existencia de responsabilidad contable”. El Ministerio Fiscal entendió, a su vez, que las irregularidades “pueden dar lugar a que se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados”. El entonces alcalde era Bartolomé González, actual diputado regional y vicesecretario del PP de Madrid. González dimitió en julio de 2012 tras 13 años en el cargo y Bello le relevó.

Con 12 concejales, el PP gobierna en minoría, beneficiado por la negativa de IU (tres) de sumarse a la moción que PSOE (nueve) e UPyD (dos) acordaron presentar en abril. IU justificó su decisión alegando que no se daban las condiciones necesarias y que la mejor opción era esperar a las elecciones de 2015. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, apeló a los mismos motivos para jolgorio del PP autonómico, que llegó a dar por perdida la tercera ciudad más importante de Madrid, con más de 200.000 habitantes.