Ultimátum al trabajador de la Cámara de Pontevedra para que declare

Después de ocho meses intentando localizar su paradero, cuando por fin el juzgado había recibido el acuse de recibo de la citación judicial del empleado de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Juan José María Lago -imputado por pagos irregulares a la secretaria de la entidad-, este dio plantón ayer al interrogatorio.

En su lugar, su abogado presentó un escrito disculpando a su cliente por no poder comparecer al encontrarse en Brasil donde trabaja a sueldo de la entidad cameral como responsable de una empresa de promociones, Contrato Em Comunicaçoes Empresariais Ltda, con sede en la ciudad de Florianápolis. La instructora del caso, Casilda Rodríguez, dio un ultimátum para que declare en los próximos días, bien en sede judicial o a través de video conferencia desde Brasil, de lo contrario anunció que ordenará la detención de Lago también a petición de la Fiscalía de Delitos Económicos.

En medios judiciales no se ha ocultado el malestar por la actitud reincidente del empleado de la cámara a la que se han referido como “una tomadura de pelo y una falta de respeto a la justicia”. La omisión de Lago tiene paralizado el asunto desde el mes de febrero, cuando se requirió su comparecencia en el juzgado como responsable del presunto pago de comisiones a la secretaria, Rosario Lorenzo. Su imputación en el caso se acordó a raíz de que la secretaria no hubiese despejado las dudas en su interrogatorio sobre la procedencia del dinero que venía retirando de una cuenta bancaria de la que Lago era titular y ella apoderada. A Lorenzo, principal implicada, se le imputa un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y un posible cohecho si se prueba el pago de comisiones.

En principio se detectaron cobros irregulares por 16.000 euros, a raíz de la denuncia que presentaron en la fiscalía trabajadores de la entidad, aunque pesquisas periciales posteriores habrían detectado otras cantidades. Juan José María Lago estaba contratado por la Cámara de Comercio desde 2002 con una nómina de 3.800 dólares mensuales, según la querella del fiscal, para promocionar actividades empresariales en Brasil.