“Me infiltré para saber qué jefes cobraban de los prostíbulos”

El inspector Javier Martín, uno de los principales acusados por la trama de corrupción policial en torno a los prostíbulos Riviera y Saratoga, sostuvo ayer en el juicio que las cosas no son lo que parecen. El mando policial, conocido como Jordi, alegó en su defensa que se hizo pasar por corrupto con el fin de corroborar la pista de un confidente policial: que altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) cobraban de los amos de los burdeles a cambio de avanzarles información sobre las redadas. “Me infiltré para saber qué jefes cobraban de los prostíbulos”, dijo en la primera sesión del macrojuicio.

La fiscalía ve inverosímil la tesis de Jordi y pide para él 44 años de cárcel por una ristra de delitos. En la causa figuran una veintena de imputados entre jefes del CNP, dueños de los locales y abogados. Entre 2002 y 2008, según el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, los policías avisaron con antelación de las inspecciones para que los burdeles —ambos en Castelldefels y clausurados desde el inicio de la investigación— pudieran desalojar a las mujeres en situación irregular o a las menores de edad. Como contrapartida, recibieron dinero en metálico, relojes de lujo, viajes de placer con sus esposas y hasta operaciones quirúrgicas gratuitas.

El fiscal pide de 3 a 44 años de cárcel para los
20 acusados

El inspector fue, de hecho, el último en incorporarse a la fiesta. En el verano de 2007, se reunió en el hotel Plaza de Barcelona con el dueño del Saratoga, Raúl Pascual, y el encargado del local, Carmelo Sanz. Este último grabó la conversación —“compré una grabadora en La Tienda del Espía”, dijo— para denunciar la supuesta “extorsión” a la que quiso someterle. En su declaración, el encargado dijo que Jordi amenazó con “freírle” a redadas si no le pagaban. “Me dijo que pagábamos 6.000 euros a un comisario. Le contesté que era mentira, pero insistía. Estaba descontrolado”.

La versión del inspector fue otra otra: con la reunión, solo buscaba saber quién era el jefe que, presuntamente, cobraba por los chivatazos. El fiscal reprodujo conversaciones telefónicas intervenidas, así como la grabación de aquel encuentro en el que se escucha a Jordi pedir “la mitad” de lo que reciben los jefes corruptos. Pese a la contundencia del documento sonoro, el inspector justificó esa negociación: “Si coges lo primero que te dan, pueden recelar de ti”, dijo antes de añadir que ya había trabajado como infiltrado en dos organizaciones terroristas y en una banda de delincuentes comunes de origen rumano.

En el mismo hotel Plaza se produjo, poco después, una segunda reunión. La Guardia Civil, que ya estaba en alerta, debía detener a Jordi tras una entrega “controlada” de un sobre que contenía 3.000 euros en billetes de 500. El encargado del Saratoga afirmó que el inspector guardó el dinero en el bolsillo de la americana. Éste, en cambio, replicó que lo dejó en la mesa “sin tocarlo”. El caso es que ni ese segundo encuentro se grabó ni se recuperó jamás el sobre. Tras abandonar el hotel, el inspector huyó al verse perseguido por un vehículo. Y también tuvo respuestas para esa actitud sospechosa: “Un Mercedes azul deportivo no es un coche habitual de las fuerzas de seguridad”.

Jordi fue detenido y, desde entonces, la investigación se amplió hasta alcanzar a otros mandos policiales, como el comisario Luis Gómez o el inspector Abundio Navas. Este último era el jefe directo de Jordi, que ayer le señaló como jefe de la trama y le acusó de orquestar una “campaña” para apartarle de la policía y seguir con sus prácticas ilegales.

El encargado del Saratoga exculpó al resto de policías que se sientan en el banquillo de los acusados. Con algunos llegó a trabar una relación de amistad, pero solo “cuando dejaron de ser policías”. El encargado admite que a dos de ellos —Andrés Otero e Ignacio Landa— les regaló cestas de navidad “con un par de botellas de vino y un queso Idiazábal”. Sanz negó que les pidiera información sobre redadas. El fiscal cree que sí y sostiene que el intermediario de los pagos fue Manuel Gutiérrez Carbajo, un oscuro confidente policial que figura en la causa como testigo. “Era cliente habitual y amigo de los jefes. Se quedaba hasta tarde. Más de una vez lo tuve que llevar hasta casa, borracho, y acostarle en la cama”, relató Sanz.