El dueño de Quality acusa al PP de diseñar su inversión en la Zona Franca

Manuel García Gallardo, el dueño de Quality Food, la empresa alimenticia que supuestamente sirvió para estafar a la Zona Franca de Cádiz en la anterior etapa del Partido Popular, ha desvelado este lunes en su declaración judicial como imputado que dirigentes del PP, como el ex delegado del Consorcio fiscal Miguel Osuna y el consejero de la RTVA Jorge Moreno, hombre de confianza de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, dirigieron conjuntamente la estrategia para que su empresa se instalara en la capital gaditana y no en otra ciudad.

Su testimonio provocó que el resto de declaraciones entre ellas, la del director de la Zona Franca, José Manuel Fedriani, y la del concejal popular Ignacio Romaní, ambos en calidad de imputados, se hayan pospuesto al 22 de noviembre.

García Gallardo creó su empresa en el año 2000. Entonces era un destacado dirigente del PP, presidente de Nuevas Generaciones en San Fernando. Su proyecto gustó entre las filas de su partido. Según Miguel Osuna e Ignacio Romaní en anteriores declaraciones en el juzgado, fue el ex concejal de Fomento de Cádiz, Fernando Sicre, el que más apoyó este proyecto y se interesó por que se quedara en la ciudad. Pero el empresario reveló este lunes que el interés fue generalizado en la Zona Franca y el Ayuntamiento gaditano.

Sobre Osuna, dijo que conocía perfectamente las cuentas del proyecto, su desarrollo, sus planes de futuro. “Estaba en el día a día de la empresa”, llegó a asegurar. Y ahí citó a Osuna y a su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani. También dijo que por entonces tenía 27 años y era fácilmente manipulable.

El dueño de Quality fue interrogado también por Jorge Moreno, quien ha sido llamado a declarar como testigo en la causa. Moreno llegó a ser edil de Deportes en el primer mandato de Teófila Martínez y se le señaló como su posible delfín, pero después optó por preferir la sombra que un cargo público, aunque la oposición le señala como el urdidor de la estrategia municipal del PP en la ciudad.

García Gallardo confirmó que Moreno estuvo presente en varias reuniones sobre su empresa y que, de hecho, Miguel Osuna le consultaba numerosas decisiones sobre las medidas que había que tomar sobre esta compañía.

El PP ha negado que Moreno participara o tuviera relación alguna con esta compañía. El último en hacerlo ha sido el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, quien recordó que el consejero de la RTVA no ostentaba entonces ningún cargo público ni en el Ayuntamiento ni en la Zona Franca.

El propio Moreno, como testigo, tendrá obligación de decir la verdad cuando se le interrogue por el testimonio prestado por García Gallardo. Su declaración, prevista para el 27 de septiembre, tendrá que esperar.

Las declaración de García Gallardo, en la que apuntó que Miguel Osuna y el entonces jefe de gabinete y actual director de la Zona Franca, José Manuel Fedriani, trataron de desprestigiarle y urdir una denuncia contra él con un informe falso, teoría que, en parte, sostiene la Abogacía del Estado, llevaron al abogado de Fedriani a reclamar un aplazamiento de su declaración como imputado.

Todas las declaraciones previstas el 27 de septiembre han sido fijadas el 22 de noviembre, incluida la de Jorge Moreno y la del concejal imputado Ignacio Romaní.

Quien sí pudo testificar este lunes fue Nuria Maroto, miembro de la Cámara de Comercio de Cádiz, y que en los años que están siendo objeto de investigación judicial era vocal del comité ejecutivo de la Zona Franca. Maroto explicó que de 2002 a 2004 apenas tuvo peso en ese comité y, de hecho, se ausentó del más importante, el que votó a favor de que el Consorcio comprara la mayoría de acciones de esa empresa el 23 de diciembre de 2003.

Maroto es mujer del abogado del Estado José Aurelio Ruiz, que llevaba este caso. Ruiz ha sido en los últimos meses atacado en público y privado por dirigentes del PP que le han acusado de perjudicar los intereses de la Zona Franca y buscar el perjuicio para los dirigentes populares. “Su actuación ha sido sospechosa”, ha dicho este lunes Antonio Sanz.

Miguel Osuna ha llegado a presentar un documento donde sostiene que su actuación se debe a una enemistad personal con el abogado del Estado. Maroto respondió que no le consta esta supuesta enemistad. Ruiz ya no se encarga del caso. En su lugar, acudió al juzgado su ya sustituto, Miguel Ángel Gilabert, procedente de Sevilla.