La instrucción del ‘caso Quality Food’ alcanza al entorno de Teófila Martínez

Ignacio Romaní, segundo teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, del PP, tendrá que declarar el próximo 27 de septiembre como imputado en el caso Quality Food, sobre la presunta estafa cometida contra la Zona Franca con la puesta en marcha de una compañía alimenticia. La juez Rosa María García Jover también ha llamado a declarar el mismo día como testigo a Jorge Moreno, hombre de confianza de Teófila Martínez, y ha exigido al Consorcio fiscal todas las actas del pleno y del comité ejecutivo entre 2001 y 2004 en un plazo máximo de 15 días. La instrucción se centra ahora en el papel que el entorno de la alcaldesa de Cádiz tuvo a la hora de adquirir la mayoría de acciones de esta empresa.

Esta investigación iniciada en 2005, tras la interposición formal de una querella anunciada por el exdelegado de la Zona Franca del PP Miguel Osuna y presentada bajo el mandato de su sucesor, el socialista, José de Mier, ha dado un vuelco en el último año. La primera versión de Osuna fue que el propietario de esta compañía, Manuel García Gallardo, le engañó, que le ofreció datos económicos falsos para apoyar la instalación de la empresa con el apoyo de las instituciones que dirigía desde su cargo. Pero la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Zona Franca, tras acceder a nuevas pruebas y documentos hasta entonces ocultos, emitió un informe en el que Osuna aparece como participante activo de la estafa que se estaba cometiendo presuntamente contra la Administración pública.

La juez dio por bueno el informe e imputó en marzo al exdelegado. A partir de ahí la instrucción se ha reactivado, dejando a un lado el papel de García Gallardo, y centrándose en la labor de Osuna y los que le rodeaban. Han sido los testigos solicitados por el abogado del exdelegado los que han llevado a nuevas imputaciones. El actual director de la Zona Franca, José Manuel Fedriani, tendrá que declarar en esa calidad el próximo lunes. Él era el jefe de gabinete de Osuna en la Zona Franca y fue el autor de un informe económico sobre el valor de Quality Food.

Romaní fue citado en julio como testigo por el abogado de Osuna, pero su declaración más que ayudar a la defensa de su compañero de partido ha terminado perjudicándole a él mismo. En una providencia fechada el 3 de septiembre le llama a declarar como imputado. A diferencia de entonces, no tendrá obligación de decir la verdad y podrá ir acompañado de abogado. La juez trata de aclarar por qué votó a favor de la compra de la mayoría de acciones de Quality Food, una polémica decisión que se tomó en diciembre de 2003. “Yo no tengo ni tenía capacidad ejecutiva en la Zona Franca. Era miembro de un órgano colegiado”, sostuvo Romaní, al tiempo que aseguró que en el recinto fiscal siempre seguían los consejos de los abogados del Estado. Osuna, Fedriani y Romaní votaron a favor de la operación mientras otros miembros se abstuvieron o no asistieron.

Es la primera vez que las irregularidades de la Zona Franca en la anterior etapa del PP salpican de lleno al gobierno municipal de Teófila Martínez. También ha sido llamado a declarar como testigo el mismo día su hombre de confianza, Jorge Moreno, sin cargo público en el Ayuntamiento desde hace años, pero presente en algunas decisiones, como se dejó entrever a preguntas de los abogados presentes. La juez trata de aclarar cuál era el papel de Moreno si no tenía responsabilidad alguna ni en la Zona Franca ni en el Consistorio gaditano. Ahora es consejero del PP en RTVA.

Además la juez pide, bajo advertencia de apercibimiento, las actas de la Zona Franca en el mandato de Osuna. También reclama al Registro Mercantil de Cádiz toda la información sobre Quality Food. Lo hace después de que el abogado de Osuna haya renunciado a la declaración de dos de sus testigos, los ex ediles Fernando Sicre y Enrique García Agulló. Sicre votó en contra de la compra de las acciones de Quality y Agulló no acudió a ese comité.