Los alcaldes gallegos del PP se unen al “rechazo frontal” contra la reforma local

Alcaldes gallegos de todos los partidos se han sublevado contra la reforma de la Administración local que propugna el Gobierno central. El texto, que se presentó en febrero y el Consejo de Ministro aprobó en julio, no sentó bien desde un principio. Del murmullo inicial de descontento que agitaron regidores del PSdeG y el BNG agrupados en un frente crítico con epicentro en Monforte, se ha pasado directamente al clamor generalizado para echarle el freno. El proyecto de ley se debatirá en pocos días en el Congreso y el margen temporal que los regidores tienen para plantear enmiendas —el plazo se cierra el día 24— y tratar de desmontarla es muy estrecho.

Que el rechazo es total y prácticamente unánime lo evidenció ayer sin disimulo el popular José Manuel Rey Varela, presidente de la Fegamp (Federación Gallega de Municipios y Provincias) tras la junta de vocales celebrada en Santiago. Rey, que manda en Ferrol, habló de “rechazó frontal” al proyecto que redactó un Ejecutivo de su mismo color político (PP) y planteó convocar de inmediato a los 314 alcaldes de Galicia a una asamblea extraordinaria, todavía sin fecha, para cerrar filas contra la ley.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro defendió su reforma “promunicipalista” como una forma de evitar duplicidades, clarificar competencias y ahorrarle 8.000 millones de euros al erario público de 2013 a 2015. Para la Fegamp, el Ejecutivo de Mariano Rajoy cruza “las líneas rojas” y “ataca directamente a los intereses de los ayuntamientos y a los servicios que prestan a sus vecinos”. El rechazo de los alcaldes gallegos al proyecto de ley se concentra en cuatro puntos: los dos primeros pasan por defender una independencia local que ven amenazada y otros dos giran sobre las competencias sociales que quieren mantener y unos gastos en educación que consideran impropios. Entienden que la reforma legal refuerza a las Diputaciones “en detrimento” de las corporaciones locales con una redacción “confusa” que “abre la puerta a que absorban servicios municipales con un coste superior al provincial” y que permite una mayor injerencia de otras Administraciones en los asuntos municipales. Otro foco de fricción es que la ley traspasa las competencias de servicios sociales —una de las más visibles para el ciudadano— a las autonomías y les carga, en cambio, con el coste del mantenimiento y limpieza de los centros educativos que debería asumir la Xunta.

“Dijimos que no al principio de todo esto y volvemos a decir que no ahora”, resumió Rey Varela. Tampoco les gustan las escalas retributivas que el Estado fija para los cargos electos. “No coinciden con las que propusimos y que eran razonables y dignas”, justifican. Los Ayuntamientos tienen que presentar sus enmiendas el martes 17 para sumarlas al paquete gallego que la Fegamp enviará a Madrid como “una voz única”.