El Parlamento pide que no se multe a quien no declaró su pensión extranjera

El Parlamento de Galicia aprobó ayer por unanimidad pedir al Gobierno central que no multe a los emigrantes retornados que durante los últimos años no declararon sus pensiones extranjeras. Esa obligación de tributar existe desde hace años, pero ha sido en este 2013 cuando la Agencia Tributaria ha decidido lanzar una campaña específica de inspección de lo no declarado desde 2008, el último ejercicio no prescrito. Los cuatro grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo en pedir a Hacienda “regularizar la situación de los pensionistas”, esto es, que paguen los impuestos que no pagaron, pero “sin considerarlos como defraudadores”, por entender que la gran mayoría de ellos desconocían que debían hacerlo.

La propuesta de un trato más justo a los emigrantes retornados partió de la diputada socialista Carmen Gallego, la primera en impulsar la pasada primavera una iniciativa parlamentaria en apoyo de los afectados. A ella se sumaron diversas enmiendas de todos los grupos, pero los de izquierdas tuvieron que ceder en parte de sus planteamientos para lograr el voto también favorable del PP. Ni AGE ni BNG lograron su intención de pedir que se anulen todos los expedientes sancionadores ya iniciados ni el PSOE que se exima a los afectados del pago de los intereses de demora. Así las cosas, la postura unánime del Parlamento de Galicia es que los emigrantes retornados paguen los impuestos que no pagaron desde 2008 sin que Hacienda los considere defraudadores y por lo tanto sin que reciban una sanción a mayores de su tributación. Para que los pensionistas puedan afrontar más fácilmente esos impuestos atrasados, el Parlamento también pide al Gobierno que habilite “periodos de pago más largos que los estipulados habitualmente” y que se les facilite “información pormenorizada y homogénea de sus obligaciones”. Y para los que ya han sido multados, que Hacienda tenga en cuenta la falta de información y las dificultades económicas de los afectados “para estimar los recursos que se presenten ante las sanciones ya comunicadas”. Al término de la votación, varios representantes de las diversas plataformas de afectados que se han ido creando en toda Galicia mostraron a los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios su satisfacción por el acuerdo alcanzado, pero les hicieron ver que su intención es ir más allá y reclamar al Gobierno central la anulación de todas las inspecciones abiertas.

La petición del Parlamento gallego a la Agencia Tributaria se produce la misma semana en que este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda comunicase algunas cifras de su campaña especial de investigación a los jubilados. Sin indicar a cuántos está inspeccionando en toda Galicia, aseguró que el importe medio de la deuda de cada contribuyente afectado es de 633 euros en los casos de las liquidaciones efectuadas de oficio por la propia Agencia Tributaria y de 998 euros en el caso de los afectados que declararon voluntariamente fuera de plazo. La Agencia Tributaria insiste en defender su investigación especial a los emigrantes retornados argumentando que “no se puede hacer de peor condición a aquellos que sí han venido declarando y cumpliendo con sus obligaciones conforme a la ley, respecto de los que no lo han hecho”. En cuanto a las sanciones, Hacienda asegura que solo se han impuesto “en poco más de un tercio de los casos, con un importe medio de 264 euros”, nuevamente sin indicar la cifra total de afectados. Y asegura que hasta el momento en Galicia solo ha sancionado a dos jubilados con multas de más de 10.000 euros, en un caso por no haber declarado una pensión extranjera que durante cuatro años sumó 215.000 euros y en otro por una suma de 176.000 euros.