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Los alcaldes cuestionan la base de Morón si la empresa confirma el ERE

Siete regidores advierten de que, sin empleo, el mantenimiento de la instalación “pierde sentido”

Vista de la base aérea de Morón de la Frontera. Ampliar foto
Vista de la base aérea de Morón de la Frontera.

Los alcaldes de las localidades más próximas a la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) dieron ayer un toque de atención al Gobierno central y al estadounidense. Desde hace más de 60 años sus municipios conviven con la instalación militar porque los perjuicios que les acarrea se compensan con repercusiones económicas positivas, sobre todo, en empleo. Pero la empresa VBR, que gestiona el servicio de mantenimiento de la base, ha anunciado un ERE que afectará a 70 trabajadores españoles y que es continuación del que en 2010 supuso el despido de 119 empleados. Ante esta situación, los alcaldes cuestionan ya el futuro de la base.

“Si algo bueno ha tenido estas instalaciones ha sido cierta actividad económica y puestos de trabajo. Si eso se pierde, se pierde el sentido de tener bases en territorio español”, advirtió el alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), en una comparecencia en la que estuvo acompañado de los regidores de otros seis municipios próximos a la instalación militar: Alcalá de Guadaíra (Antonio Gutiérrez Limones, PSOE), Utrera (Francisco Jiménez, PA), El Coronil (Jerónimo Guerrero, PSOE), Los Molares (Rosa María Moreno, PSOE), El Viso del Alcor (Manuel García, PSOE) y Arahal (Miguel Ángel Márquez, IU), en cuyo término municipal se ubica la base.

“Si no da trabajo y es un peligro, ¿para qué queremos una base aquí?”

ANTONIO GUTIÉRREZ LIMONES

Los alcaldes mantuvieron a primera hora de la mañana una reunión en la que acordaron llevar a sus plenos municipales una moción que inste a VBR a la paralización del ERE y solicitar una entrevista con el Ministerio de Defensa, el de Asuntos Exteriores y la embajada de Estados Unidos en España. “Si los Ayuntamientos que estamos afectados solo recibimos los perjuicios de tener este tipo de instalaciones en nuestro territorio hay que replantearse la necesidad de mantenerlas”, señaló el regidor de Morón. Según Juan Manuel Rodríguez, en el caso de que la instalación militar deje de aportar empleo, se convertirá en una mera “plataforma de apoyo a un gobierno americano que ha decidido no contar con trabajadores españoles”.

Los regidores llevarán su posición a la cámara alta través de una iniciativa que presentará el senador Gutiérrez Limones. El también alcalde de Alcalá exigió al Gobierno central que se implique con el Gobierno de Estados Unidos como se ha implicado con el británico en el conflicto de Gibraltar. Gutiérrez Limones expuso las mismas dudas que el edil de Morón sobre la conveniencia de seguir amparando a la instalación militar. “Si no da trabajo, si tener una base cercana es un peligro y si además no genera riqueza en el territorio, nuestra pregunta es: ¿para qué queremos una base norteamericana aquí?”, planteó.

Los alcaldes mostraron su apoyo al comité de empresa y les invitaron a “utilizarles” como “una herramienta más” en sus protestas contra el ERE. Los representantes de los trabajadores y de VBR se reunieron ayer en el Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para intentar llegar a un acuerdo que evite los cuatro días de huelga convocados para la próxima semana (del 10 al 13 de septiembre). El encuentro duró 10 minutos y terminó sin acuerdo.

Aunque VBR alega “razones productivas” para los despidos, los trabajadores aseguran que la plantilla española ha realizado más de 3.000 horas extra en el primer semestre de este año porque la carga laboral se ha incrementado el 30%, especialmente en los trabajos de pistas y comidas, explicó Javier Domínguez, portavoz del comité de empresa.

Ya en 2010, VBR planteó despedir a 286 de los 594 trabajadores de mantenimiento. La cifra se rebajó a 119 durante la negociación del ERE, pero hace unos meses, una web de contratación del Gobierno estadounidense publicó los nombres y apellidos de 144 empleados cuyos puestos podrían extinguirse en un nuevo contrato de explotación, previsto para 2014.