Anticorrupción apremia a Alaya a que llame a declarar a 24 imputados

La Fiscalía Anticorrupción vuelve a instar a la juez Mercedes Alaya a que pise el acelerador en la instrucción del fraude de los ERE de Andalucía. En un escrito remitido al juzgado, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández urgen a la magistrada a que tome declaración a 24 personas, algunas de las cuales están imputadas en la causa desde hace dos años y medio. La fiscalía reitera la petición que ya ha formulado en anteriores ocasiones para que Alaya fije un “calendario razonable” de declaraciones y concreta los nombres de los imputados a los que, en su opinión, la juez debe llamar cuanto antes.

Entre los citados por la fiscalía se encuentran el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet; y el intruso Antonio Garrido Santoyo, imputados en marzo de 2011. El fiscal señala también los casos de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y del que fue su persona de confianza, José María Sayago Lozano, así como de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. Los tres están imputados desde marzo de 2012 y no han comparecido ante la juez. Anticorrupción apremia también a la juez a que cite a María Ángeles Gala y Rocío Sayago, dos exsecretarias del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, imputadas desde junio del año pasado.

El fiscal insta a la juez a que fije fecha a todas las citaciones pendientes

El fiscal advierte a Alaya de que las declaraciones de los imputados son necesarias “no solo ya para poder avanzar en la instrucción de la causa y garantizar adecuadamente los derechos” de los implicados, sino también para poder adoptar las medidas cautelares “que permitan el mayor reintegro posible de los fondos públicos presuntamente malversados”.

Al margen de estos casos que el fiscal cita con nombres y apellidos y a los que urge a citar a declarar “a la mayor brevedad”, Anticorrupción pide a la juez que acelere todas las declaraciones pendientes, alrededor de 70 de los 116 imputados que ya acumula la causa. Entre estas, el escrito cita expresamente las de los 20 altos cargos y excargos de la Junta, incluida la exministra Magdalena Álvarez, a los que Alaya imputó en junio pasado al considerar que colaboraron para sostener el procedimiento por el que se pagaron los ERE durante una década (2001-2010), un procedimiento que Alaya cree ilegal.

En el escrito enviado a la juez, Anticorrupción alerta también del riesgo de prescripción de los presuntos delitos atribuibles a algunas de las empresas que percibieron dinero del fondo de los ERE. Entre estas, el fiscal señala al bufete de abogados de Manuel Olivencia, suegro del exministro y ex presidente del PP andaluz Javier Arenas. Este despacho recibió 119.828 euros de ese fondo en 2002 por el asesoramiento a la empresa Santana. El fiscal incluye también en este apartado, entre otras empresas, a la propia Santana Motor, que recibió más de 28 millones de euros entre los años 2001 y 2002; a Jerez Industrial, perceptora de más de 11 millones entre los años 2000 y 2003; y al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, una localidad de la sierra norte de Sevilla que recibió 871.467 euros en 2003.

La fiscalía pide a Alaya también que requiera a la UCO de la Guardia Civil para que “a la mayor brevedad” presente un informe con los resultados del análisis de toda la documentación intervenida durante los registros domiciliarios practicados en la operación Heracles, desarrollada en marzo de este año. Asimismo, Anticorrupción reitera su petición para la magistrada practique una serie de diligencias sobre los pagos realizados a empresas “vinculadas” a los sindicatos UGT y CC OO por parte de las empresas mediadoras y asesoras que intervinieron en la tramitación de las ayudas sociolaborales investigadas.