El Gibraltar de RTVV

A imagen y semejanza del famoso peñón, que igual le sirve al régimen para zurcir un roto que un descosido con tal de desviar la atención de otras vergüenzas, especialmente las derivadas del caso Bárcenas, las vicisitudes de RTVV, sobre todo las originadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha dejado agonizante la radiotelevisión púbica valenciana, alimenta una cabalgata de despropósitos y deseos inconfesables. Por una parte, las soflamas de ciertos miembros del Consell, que por riguroso turno amenazan con todos los males del infierno si los jueces no dan el visto bueno a las arbitrariedades, ilegalidades, atropellos e injusticias perpetradas con los trabajadores víctimas de la limpieza étnica. Por otra, el indisimulado interés de, llamémosle el sector privado, por hacerse con las migajas, en unos casos, o rebanar el plato, en otros. En la historia universal del saqueo, RTVV ocupará sin duda un voluminoso capítulo, junto con las trapisondas cometidas o amparadas por las administraciones del PP, que tanta literatura sumarial siguen generando.

Al situar la empresa pública audiovisual en el candelero, no parece el principal objetivo dirimir las causas del quebranto, señalar a sus responsables políticos y ejecutivos, y promover las acciones penales correspondientes para evitar la impunidad de los salteadores y recuperar el botín distraído. Tampoco orientar el asunto hacia lo esencial, es decir, la necesidad de un servicio público de radiotelevisión útil y consecuente con una sociedad propia del siglo XXI, en lugar de un aparato de propaganda homologable al séquito del emperador Bokassa, que en gloria esté. La pésima evaluación que día tras día otorgan las audiencias al despliegue de mediocridad, sectarismo y sensación de vivir en otra realidad, más allá de la estratosfera, es harto ilustrativa. En cambio, y no por casualidad, las partes prefieren enfocar la atención hacia sugerentes intrigas palaciegas entre la directora general, Rosa Vidal, y el vicepresidente del gabinete que preside Alberto Fabra, cuando no con otros siniestros personajes de la cripta. El otro foco fija la atención sobre los hipotéticos efectos de la sentencia que, una vez se celebre la vista judicial planteada contra el salvaje ajuste, pueda comportar sobre los intereses creados. Gibraltar.

Ya que estamos, conviene puntualizar algunos aspectos que la hinchada no acostumbra a valorar en su justa dimensión. Entre otros, que ciertas decisiones que interesadamente se "venden" como acuerdos del consejo de administración de RTVV, lo son sólo por mayoría. Tiene su importancia, por más que se esconda. La resolución se adopta, cierto, pero sin la anuencia ni complicidad de una parte sustancial del órgano: cuatro votos contrarios, entre un total de nueve, en casos como la privatización (externalización en el catálogo de eufemismos al uso) de los contenidos de RTVV; contrato programa –otra pieza de literatura llamada a convertirse en papel mojado, sentencias aparte-, o en el más reciente y jaleado "rescate" de casi 200 trabajadores afectados por el ERE. En este último asunto, tan gibraltareño por otra parte, el despropósito se ha intentado maquillar con sustancia pretendidamente legal, incluso con asesoramiento de Garrigues. Puro artificio a precio de consultora de postín. Al igual que la literatura de encargo a la otra consultora, PwC, que actuó como un leñador en un quirófano al determinar el alcance y devastación del ERE. Si la Generalitat abdica de sus competencias, no solo de índole jurídico, a favor de consultoras privadas, ¿a qué dedicará el tiempo libre el personal cualificado supuestamente encargado de estos menesteres? Porque la factura es considerable y los resultados, la verdad, dejan bastante que desear.

Caso aparte merece el ejercicio de cinismo que supone, por parte del gobierno del señor Fabra y el entramado de intereses que aspira al hipotético negocio, asumir las indemnizaciones inherentes a una resolución judicial de improcedencia del ERE, frente a la supuesta amenaza que representaría -¿para quién?- la nulidad de un procedimiento desastroso y con altas dosis de sadismo y crueldad. En el primer caso se obvia, también interesadamente, que las prestaciones del desempleo proceden de la tesorería pública, mientras que las personas que trabajan, inclusive las que obtuvieron su empleo mediante una oposición convocada por la propia Generalitat, realizan una tarea profesional reconocida a cambio de un salario. Con su efecto multiplicador en el consumo y en el agregado económico del país. Por lo demás, la retirada del ERE o llegado el caso una sentencia de nulidad, además de reparar parcialmente los atropellos cometidos con los trabajadores, no impide negociar con los sindicatos una racionalización de la plantilla de la radiotelevisión pública, hoy de dudosa solvencia salvo excepciones de rigor y lastrada por lustros de nepotismo. Para reconversión en empresas públicas de comunicación, véase la negociada recientemente en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, un horizonte sobre el que deberían fijarse, también en cuanto a producciones, audiencias y vínculos con la sociedad de su entorno, los actuales gestores de la administración valenciana. Predicar en desierto, me temo, porque, como en tantas otras emergencias sociales, deberán encargarse otros en el futuro si obtienen el beneplácito de los electores.

Con los medios de comunicación sufragados con nuestros impuestos ocurre lo mismo que con las resonancias magnéticas de la sanidad pública, devenidas negocio privado: el servicio no es mejor, ni más eficiente, ni más barato. Por eso el régimen, cualquier régimen, precisa echar mano de Gibraltar o similares, para eludir lo esencial del asunto. Que no es otra cosa que advertir sobre las causas y los efectos del desmantelamiento de RTVV y la irrelevancia social que amenaza la propia supervivencia de una empresa pública que languidece de espaldas a la sociedad y entorno al que se debe. Asunto esencial es que han echado el cierre uno de sus canales –que se traduce en menos espacio público y mayor hegemonía privada-, o las amenazas que se ciernen sobre el patrimonio documental, como consecuencia del desguace laboral y del previsible acceso privado a los fondos públicos... a precio de saldo. ¡Y nadie compara con las tarifas del archivo histórico de RTVE o del No-Do que tantas añoranzas provoca a la derecha carpetovetónica!

La viabilidad de RTVV, hoy huérfana de crédito –de toda clase de crédito-, intervenida hasta el hartazgo y al límite de sus constantes vitales, no depende de soflamas amenazantes ni de nuevos decorados, sino de recuperar su función como servicio público: liberado de yugos gubernamentales y redadas mercantiles. Es aquí donde urge desarrollar estrategias y adquirir compromisos para garantizar la prestación de un servicio esencial e intransferible en una sociedad democrática de las características del País Valenciano. Algo que nada tiene que ver con la propaganda, las intrigas palaciegas, el negocio oportunista ni los mercaderes de esclavos.

Manuel S. Jardí es periodista y consejero de administración de RTVV.