La Junta exigirá a Rajoy en los tribunales otro reparto del déficit

El Consejo de Gobierno autorizó este martes a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a que requiera al Gobierno de España otro reparto del objetivo de déficit, fijado para las comunidades autónomas en el 1%, 0,5% y 0,2% para el periodo 2014-2016, y que recurra a los tribunales en un contencioso administrativo si no se tiene en cuenta esta demanda. El vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, advirtió de un “conflicto de consecuencias imprevisibles” si no se atiende la demanda andaluza, ya planteada por Cataluña y Asturias en términos similares.

Jiménez justificó la posible conflictividad y “contundencia” de la acción política en que, de mantenerse el objetivo previsto de gasto, se puede “impedir el normal desarrollo de la autonomía andaluza y que el Gobierno andaluz cumpla con sus obligaciones”. En este sentido, reclamó una financiación “acorde con las necesidades y derechos” de Andalucía para asegurar la reactivación económica, las políticas de empleo y los servicios esenciales.

El techo de déficit marcará los Pesupuestos de la Junta para 2014, en los que ya trabajan socialistas e Izquierda Unida, socios de Gobierno en Andalucía. “El escenario es difícil y las decisiones del Ejecutivo central lo complican”, afirmó Jiménez.

Estas son las razones principales para que la Junta haya instado a su Gabinete Jurídico a “ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa” en caso de no ser atendidas las demandas del Ejecutivo andaluz, según decidió el último Consejo de Gobierno presidido por el socialista José Antonio Griñán.

La Junta explicó que los objetivos de déficit para los próximos tres años fueron establecidos en sendos acuerdos del Consejo de Ministros del 28 de junio y 12 de julio. En opinión de Andalucía, estos no respetan las previsiones recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (2/2012, de 27 de abril) en lo referido al objetivo de estabilidad y a la distribución del esfuerzo de contención del gasto entre la administración general del Estado, la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.

Para la Junta, aunque esta norma dispone que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural, “fija un periodo transitorio en el cual deberá reducirse paulatinamente hasta su desaparición total en 2020, de acuerdo con la senda de reducción fijada en el procedimiento de déficit excesivo que la Unión Europea abrió a España en 2009”.

Argumenta la Junta que, en concreto, la disposición transitoria primera de la mencionada norma, recoge que “la reducción anual debe repartirse entre el Estado y el conjunto de las comunidades conforme al porcentaje de déficit estructural alcanzado en 2011, con lo que se regula el esfuerzo que debe realizar cada administración en la reducción del déficit estructural”.

Esta directriz, según el Gobierno andaluz, no se sigue en los acuerdos del Consejo de Ministros de junio y julio, ya que establecen objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades que implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la ley orgánica, con el consiguiente perjuicio económico para las autonomías.

“El Gobierno central aprobó el Programa de Estabilidad 2013-2016 y fijó de manera unilateral su propuesta de reparto vertical, reservándose el margen más amplio de la flexibilización otorgada por lograda por la Unión Europea”, argumenta la Junta. Según afirma, el objetivo de déficit inicialmente fijado en 2013 era del 4,5% del PIB y tras la flexibilización concedida por la UE, ese tope pasó al 6,5%. De ese margen ampliado (dos puntos), el Gobierno central, junto con la Seguridad Social, “decidió reservarse” el 70% (1,4 puntos) dejando para las comunidades autónomas el 30% restante (seis décimas).

De esta forma, para los tres próximos ejercicios, el reparto de los objetivos de déficit se establece del siguiente modo: por un lado, 4,8%, 3,5% y 2,6% la Administración Central y la Seguridad Social, y por el otro, 1,0%, 0,5% y 0,2% las comunidades autónomas. En opinión del Gobierno andaluz, este reparto supone que las comunidades autónomas tienen que alcanzar el superávit estructural a corto plazo, cuando la normativa de estabilidad lo sitúa en el año 2020. Añade la Junta que el Gobierno hacer recaer el esfuerzo del ajuste en las administraciones que prestan servicios fundamentales como sanidad, educación, justicia o empleo.