La concesionaria del hospital de Vigo asume al menos un año de retraso

Las máquinas siguen trabajando al mismo ritmo parsimonioso, casi imperceptible, en la gran explanada de Beade donde se levantará el nuevo hospital de Vigo, tres semanas después de que se solucionaran los problemas de financiación que tuvieron las obras prácticamente paralizadas durante más de un año. La Xunta sostiene que los plazos, salvo ajustes, se mantienen. No es la opinión de los actores implicados en el proyecto y en su financiación, que remiten a 2015 como el año de la inauguración de la mayor obra pública promovida por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

En mayo de 2010, cuando el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el anuncio de licitación del proyecto, el presidente de la Xunta aseguró que el método elegido, de colaboración público-privada, era el único que permitiría “disponer de la obra en tres años”. Ese plazo ya ha transcurrido y ni siquiera la ejecución de la estructura está finalizada. Una vez firmado el acuerdo de financiación, el director de Recursos Económicos del Sergas, Pablo Torres, mantuvo el plazo de 31 meses desde el inicio de las obras, lo que situaría su apertura en abril del año próximo. El Ministerio de Economía y Competitividad, que participa en la financiación a través de Axis, la sociedad de capital riesgo del ICO, le enmienda la plana. “El hospital prevé entrar en funcionamiento en 2015”, sostiene.

El Sergas parece tener un culpable para cuando el retraso en la inauguración del hospital sea incuestionable: el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Tras la firma del acuerdo de financiación, su director de Recursos Económicos apareció en distintos medios de comunicación para decir que los plazos seguían vigentes, pero establecía una salvedad, consistente en “el retraso de la puesta a disposición de las acometidas necesarias para el funcionamiento del hospital”. Es decir, el convenio por cinco millones de euros firmado en 2006 por la entonces alcaldesa, Corina Porro, del PP, para sufragar esas acometidas, y que ha asumido la Xunta después de que el actual gobierno local lo denunciara. “Tendrá que valorarse el impacto de ese retraso y darse a la UTE [Unión Temporal de Empresas concesionaria] ese tiempo para que no incurran en penalizaciones”, declaraba en su ronda de entrevistas Pablo Torres, si bien admitía que la empresa Novo Hospital de Vigo no había realizado ninguna petición en ese sentido. “No le podemos trasladar un retraso que no es suyo como pueden ser las acometidas eléctricas; si la Xunta y el Ayuntamiento no han llegado a un acuerdo, no se le puede imputar al adjudicatario”, añadía Torres.

El recorrido que le queda al nuevo hospital aún es largo. Según informó en noviembre de 2011 en el Parlamento la exconselleira de Sanidade Pilar Farjas, tras la finalización de la estructura, aún en obras, se abriría un plazo de año y medio para culminar la edificación y la urbanización, período al que habría que añadir otros cuatro meses para implantar la equipación del centro. Otro de los grandes debates abiertos con la construcción del nuevo hospital, además de las dudas sobre su condición de público o privado —el servicio sanitario seguirá siendo gestionado por el Sergas— es el de su capacidad. No tendrá las 2.000 camas que anunció Feijóo en mayo de 2010, pero se confirman las 1.465 de las que viene hablando la Consellería de Sanidade desde hace meses. Otra cosa es que ese tamaño permita solucionar las graves carencias en materia sanitaria del área Vigo, la que padece las mayores listas de espera. El comunicado del Ministerio de Economía sostiene que ese número de camas “no supone esencialmente un aumento de oferta sanitaria, sino una reorganización del Complejo Hospitalario”. Así, el nuevo centro sanitario se destinará “prioritariamente a hospitalización, y el resto de hospitales existentes, a consultas externas u otros servicios”. Se confirma así la necesidad de mantener un concierto singular con Povisa similar al actual, por el que este hospital privado atiende a 150.000 pacientes del área de Vigo y que cuesta 75 millones de euros al año. Economía también aclara que la explotación por régimen de concesión de servicios no clínicos no se ceñirá al nuevo hospital, sino que se extenderá también al Meixoeiro y al Nicolás Peña.

Economía participa en el proyecto a través de Axis, una sociedad de capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que aporta 30 millones de euros. El modelo de colaboración elegido permitirá a esta sociedad capitalizar su préstamo en forma de un porcentaje de la sociedad y tener representación en su consejo de administración. Por causas que aún no han sido explicadas, la participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se redujo de los 180 millones previstos a 110. Los 180 millones de euros restantes hasta el total de 320 de la operación consisten en 70 de fondos propios de los socios y 110 de un crédito con BBVA (30 millones), Santander (30), Banco Popular (20), Caixabank (20) y Novagalicia Banco (10).