El juez busca al responsable de no señalizar mejor la curva de Angrois

Un mes después del descarrilamiento del Alvia en la curva de Angrois que ocasionó 79 muertes y más de 140 heridos (de los que 14 siguen ingresados), el accidente ferroviario más grave de la historia reciente de Europa está desbrozado en los tribunales. El juez Luis Aláez, que instruye el caso, ha señalado en varios autos el despiste del maquinista, Francisco José Garzón —que circulaba a 190 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80—, como la principal causa del accidente. Las cajas negras revelaron que el conductor estuvo hablando por teléfono con el interventor del tren sobre un futuro estacionamiento en Pontedeume (al final del trayecto) hasta 11 segundos antes de la colisión. Y que luego, con la curva encima, ya no pudo hacer nada.

Fuentes cercanas a la investigación presentes en los interrogatorios sostienen que lo que busca el juez es saber con qué criterios y sobre todo quién adoptó la decisión de no instalar un sistema de frenado automático en el tramo de Santiago o, al menos, tal y como apunta en su auto, “algo tan básico como señales visuales o sonoras” que alertasen del cambio brusco de velocidad desde un trazado recto, donde el tren circula a 200 kilómetros por hora, a una curva peligrosa limitada a 80.

Según esas mismas fuentes, la citación a los cargos de seguridad de Adif es solo un primer paso para llegar al último responsable de la “omisión de medidas de seguridad” que el instructor considera ya probada. Lo dice con estas palabras en su auto: “Se debían haber adoptado otros procedimientos que salvasen o evitasen el resultado de aquella predecible equivocación advirtiendo del peligro, y no ha sido así”. De momento, la fiscalía no se ha posicionado, aunque distintas fuentes dudan de que acabe recurriendo ese auto. Adif alega que no sabe cuál de sus cargos debe comparecer en Santiago y va a remitir al juzgado una lista con los nombres de todos los que han tenido competencias de seguridad en los últimos 14 años, desde que se diseñó ese tramo de vía hasta hoy.

Quienes conocen a Aláez describen a un juez meticuloso que no dudará en señalar a altos cargos políticos si deduce que tienen responsabilidades por no prever suficientes medidas de seguridad. De momento ya ha oficiado al Congreso para que remita el diario de sesiones donde constan las explicaciones de los presidentes de Adif y Renfe y de la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, tras el siniestro. La decisión de Pastor de revisar todas las medidas de seguridad del tramo y de instalar en cuestión de días el sistema de frenado automático prueba que técnicamente podía haber estado operativo en la curva fatal. Por eso es pertinente, aseguran fuentes conocedoras del caso, dirimir por qué no lo estaba antes del siniestro.

Personas que han asistido a las declaraciones judiciales sostienen además que tanto Renfe como Adif “han arrastrado los pies a la hora de presentar la documentación” y solo han aportado los informes que el instructor les requería en las diligencias, en lugar de remitir al juzgado toda la información de que disponen. Eso le ha valido a los abogados de ambos organismos sendos reproches, tanto del juez como del fiscal, según han confirmado fuentes jurídicas a este diario.

El fatídico error del maquinista, en cualquier caso, fue el que propició el choque en las vías de A Grandeira, según los investigadores que han reconstruido el siniestro y el propio relato del maquinista. Tanto el juez instructor como el fiscal, Antonio Roma, coinciden a la hora de imputar 79 homicidios imprudentes a Garzón, así como una pluralidad de delitos de lesiones. Pese a la gravedad de las acusaciones, no se le envió a la cárcel, al considerar ambos que no existe riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Tras tomar declaración al jefe de estación en Santiago entre otra media docena de testigos y repasar los diferentes protocolos de Renfe y los atestados policiales, Aláez decidió esta semana imputar además a la persona o personas “responsables de la seguridad de Adif en el tramo que la línea que une Santiago y Ferrol”. El auto judicial fechado el martes constituye un vuelco en la investigación, puesto que desde el minuto siguiente al siniestro tanto Renfe como Adif e incluso distintos miembros del Gobierno se apresuraron a señalar al maquinista como único causante de la tragedia.

El instructor concluye, sin embargo, que quienes decidieron la señalización y los sistemas de seguridad de la vía cometieron también una “imprudencia grave y punible desde el punto de vista penal” por no prever mecanismos para paliar un posible error humano en una curva “sumamente comprometida para la circulación de los trenes”. La sospecha de que Renfe conocía desde el primer momento que la llamada de teléfono que despistó al conductor había salido de un móvil corporativo de la propia empresa es común entre las fuentes consultadas. No obstante, el juez no ha considerado relevante desde el punto de vista penal que la hubiese efectuado el interventor del mismo tren siniestrado, y tras escuchar su testimonio lo ha dejado en libertad.

Entre las diligencias por practicar, falta el análisis de la tableta que el maquinista llevaba en cabina y que quedó inservible tras el impacto. Durante el primer interrogatorio el juez le preguntó varias veces si lo había usado para navegar por Internet en plena travesía. Garzón siempre lo ha negado y explicó que lo llevaba para consultar las rutas de navegación porque le resultaba más fácil ver la pantalla digital que los planos en papel. Fuentes que conocen el sumario dudan de que lo hubiese usado en los momentos previos al accidente e incluso le restan trascendencia. Salvo sorpresa mayúscula, juez y fiscal acusarán al principal imputado de tantos homicidios imprudentes como muertes se produzcan (de momento son 79) y multiplicarán el delito de lesiones por el número de heridos.

No obstante, a la causa le quedan todavía muchos meses de recorrido hasta llegar a juicio. De momento hay 28 partes personadas y siguen sumándose acusaciones particulares que integran heridos o familiares de fallecidos. Para cerrar la instrucción los forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia deberán evaluar a todos los lesionados. Por el medio se sucederán intervenciones quirúrgicas y procesos de rehabilitación. Hasta que estén cerrados todos los diagnósticos, ni el fiscal ni las acusaciones particulares podrán calificar los delitos que se imputen a los acusados. Y el de lesiones varía en el Código Penal en función de la gravedad de las secuelas o minusvalías.