A propósito de la sanidad
La reforma debería centrarse en el mantenimiento de un sistema universal, público y de calidad
Recientes estudios demoscopios destacan la voluntad de los valencianos por una reforma de su Sistema Sanitario. Dejando aparte el sesgo reaccionario de algunos de los que se autocalifican reformistas, la reforma, después de todo, es una lógica consecuencia del espíritu evolutivo que caracteriza a las sociedades democráticas. En términos generales, toda reforma depende de la situación de partida, de los objetivos perseguidos, de los medios disponibles y de la información con la que se dispone para tomar decisiones. Todo ello acompañado con un necesario sustrato de competencia en la gestión y de liderazgo en la dirección.
Las encuestas de satisfacción que nos hacen a los pacientes cuando abandonamos nuestras instituciones sanitarias, demuestran que los valencianos estamos, en general, satisfechos, tanto en cuanto a la atención recibida, cuanto a la eficacia de la misma. Es decir, pensamos que nuestros sanitarios nos curan pensando en nuestro estado y circunstancia, y que lo hacen con la máxima profesionalidad para eliminar, aminorar o controlar nuestro dolor y alargar nuestra esperanza de vida. Por razones profesionales, he sufrido dos intervenciones quirúrgicas y diversas visitas ambulatorias en la Comunidad de Madrid y debo confesar que el SMS ha cumplido mis expectativas de partida como paciente anónimo. Antes, en Valencia, había ocurrido lo mismo.
El punto de partida marca la estrategia reformista. A modo de ejemplo, la sanidad pública en los EEUU parte de un nivel tan bajo que la reforma propuesta por el Presidente Obama mediante la Affordable Care Act les parece un cambio de paradigma histórico, cuando en España supondría un retroceso inimaginable. Si partimos de un punto en el entorno de la excelencia, las reformas deben ser consecuentes, a partir de un nivel dado de cambio tecnológico y de envejecimiento de la población, con las cambiantes condiciones del ciclo económico. El cambio del ciclo no puede ser objeto “per se” de causa penal en la historia de un gobierno, aunque sí de responsabilidad de su gestión pública.
Los objetivos del Consell quedan evidenciados con la primera intervención de cada Conseller de Sanitat ante Les Corts. Se podrá, o no, estar de acuerdo con estos objetivos, pero cada Conseller detalla un programa sanitario en nombre del partido que los valencianos han elegido mayoritariamente y que tiene la obligación, y el derecho, a desarrollar. Ésto ha ocurrido así desde 1.987, y constituye, críticas políticas aparte, un fundamento de la democracia. Señalar, no obstante, que criticar en un sitio lo que se favorece en otro lugar con capacidad de gobierno, es cinismo político de alto calibre. Esgrimir el gasto sanitario percápita como índice de calidad asistencial puede conducir a conclusiones erróneas, pues algunos pueden despilfarrar recursos y mantener una calidad sistencial discreta. Todo análisis que no diferencie “incomes” de “outcomes” está condenado al fracaso.
Si como en la Comunitat Valenciana se parte de un nivel asistencial notable, aunque actualmente sobredimensionado, y unos objetivos explicados por el Conseller responsable, la reforma debería centrarse en el mantenimiento de una Sanidad universal, pública y de calidad. Este mandato tan simple, como inequívoco, exige, si proscribimos la demagogia, la adecuación de la oferta sanitaria a los menguados recursos disponibles, tarea que debe simultanearse con la reivindicación financiera, y con la de dotarse de un sistema informacional que justifique las medidas adoptadas. Esta cadena de reformismo simple debería ser respetada metodológicamente desde la oposición política, aunque, a fuer de ser sinceros, tampoco se les respetó a ellos cuando gobernaban. Y éste es un grave problema político con el que se encuentra nuestra Sanidad, las medidas gubernamentales se justifican y se critican con la misma ligereza, sin base argumental sólida, es decir, sin información consistente que las soporten. La información sanitaria desde las instancias públicas es más reactiva que proactiva, salvo en los casos de anuncios de inauguración de instalaciones, onerosas por definición.
Ningún gobierno que dedique el 40% de sus recursos a Sanidad, y lo hacen casi todos los autonómicos, puede calificarse de eficiente si no dispone de un sistema informacional adecuado para tomar decisiones. En la Sanidad, los datos constituyen un factor de producción de alto valor, junto a los recursos humanos. Toda la ingente información que existe en el SVS es susceptible de ser explotada, en beneficio de los valencianos, mediante tecnologías disponibles bajo la denominación de Big Data, Data Analytics, etc.. Los datos son valiosos, pero sólo si los conectamos, los ordenamos y los comunicamos adecuadamente. Aquí el problema no es tecnológico ya que existen proveedores de la máxima solvencia, sino de liderazgo político. La tecnología está, por tanto, disponible y la voluntad política debería activarse. ¿Imaginan a la Ford con sistemas informáticos, procedimientos y aplicativos anticuados?
Aún así, la reforma más urgente de la Sanidad estriba en la exigencia social de su respeto político. Las CCAA , que son las responsables de la gestión sanitaria, se han convertido en campos de batalla locales, y, junto a la acción del Ministerio de Sanidad, configuran una guerra política nacional sin parangón. Se actúa localmente en cada Comunidad Autónoma y, desde una consideración nacional, se suma al ruído autonómico de la reforma sanitaria emanada desde el Ministerio de turno. En este escenario, ninguna Comunidad Autónoma puede prosperar individualmente en su discurso sanitario, ni, en su conjunto, con el Ministerio, en el debate reformista nacional. Esta situación es grave y necesita una reforma basada en el respeto político por una materia que, por su naturaleza, sonroja proponer un pacto.
José Emilio Cervera es economista y exconsejero de Sanidad de la Generalitat valenciana (jecervera@jecervera.com)
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