Anulado el despido de un docente que denunció un fraude en la UPF

Enric Martínez se incorporó a la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en enero de 2010 como profesor asociado del departamento de Ciencias Políticas. Tenía un contrato parcial y temporal, por un tercio de jornada y de ocho meses de duración. Aunque la figura del profesor asociado está pensada para atraer a las universidades a profesionales reconocidos, Martínez no tenía ninguna actividad fuera de la universidad. Era uno de los conocidos como “falsos asociados”, una suerte de fraude bastante común en los campus catalanes.

En 2012, la UPF prescindió de sus servicios al no renovarle el contrato. Lo llamativo del caso es que la universidad tomó esta decisión solo tres días después de que el docente, que formaba parte del comité de empresa, hubiera denunciado las irregularidades en la contratación de este colectivo. Martínez llevó su caso a los juzgados y el de lo social 3 de Barcelona acaba de anular su despido.

La figura del profesor asociado proliferó mucho en las universidades hasta hace unos años, aunque no todos los contratos se hicieron de forma correcta. La normativa establece que un asociado debe tener un trabajo fuera de la universidad y que este sea su principal fuente de ingresos. El tribunal asegura que este no es el caso de Martínez. “No consta que realizara ninguna actividad profesional fuera del ámbito académico”, asevera la sentencia. Esta situación irregular era conocida por la universidad, añade el juez, y el docente no la escondió.

Apelando a la normativa laboral, el juez asegura que el contrato temporal, debido a estas irregularidades, no es válido. Esto convierte automáticamente esta temporalidad en “una relación laboral indefinida, cosa que significa que la extinción comunicada constituye un despido”, explica la sentencia. Fue el 19 de julio de 2012 cuando la universidad avisó a Martínez de que iba a renovarle el contrato para el curso siguiente. La UPF alegó entonces lo que había optado por ignorar antes: que el docente no cumplía los requisitos para ser profesor asociado.

Esa misma semana, Martínez se había reunido con la vicerrectora de Docencia de la UPF y le había pedido, como miembro del comité de empresa, la regularización de los falsos asociados. El fallo judicial considera que este encuentro influyó en la decisión del rectorado de no renovar al profesor asociado, que ahora deberá ser readmitido. Desde la UPF aseguran que acatarán la sentencia, pero que la recurrirán.

Durante los años de bonanza, el número de profesores asociados no dejó de aumentar en todas las universidades públicas: eran fáciles de contratar —no son necesarias oposiciones— y, sobre todo, económicos.

“Los asociados son mano de obra barata, con contratos de obra y servicio por 500 euros al mes. Hasta ahora muchas universidades se habían aprovechado. Por poco dinero tenían un profesor haciendo lo mismo que un catedrático”, explica Joan Soler, profesor asociado en la UPC desde hace 13 años.

El curso 2010-11 fue el momento cumbre de los profesores asociados en las siete universidades públicas catalanas. Llegaron a ser 7.000, el 43% del total de la plantilla. Pero no todos ellos están en una situación irregular. De hecho, los sindicatos reconocen que son incapaces de cifrarlos porque no se ha hecho un recuento. Solo desde la Pompeu Fabra aseguran que han contabilizado 54 falsos asociados. Con todo, fuentes de diferentes universidades aseguran que quedan pocos casos. Hace unos años era una práctica más habitual, pero algunos se han regularizado, mientras que otros directamente han sido cesados.

Cuando en 2010 las universidades empezaron a sufrir los primeros recortes de la Generalitat —desde entonces se elevan a 150 millones—, estas se volcaron sobre la partida que más peso tiene en los presupuestos: el personal. Lo más rápido y económico era empezar por los asociados. Al ser contratos temporales, no se pagaban indemnizaciones. El primer año dejó a 500 menos asociados sin trabajo, reducción similar a la que se ha producido el curso que ahora ha finalizado. El recorte es notable en la Pompeu Fabra, la universidad proporcionalmente con más asociados. De los 743 que tenía en junio de 2011, un año después quedaban 389.

Aunque últimamente las universidades se estén afanando en controlar a los falsos asociados, hace unos años “muchas hacían la vista gorda”, coinciden varios profesores. La Sindicatura de Cuentas, en un informe reciente sobre la UPF, constató que este campus “solo pide las declaraciones de compatibilidad a los profesores asociados en el momento de la primera contratación, pero no en renovaciones posteriores”. Joan Soler asegura que en la UPC también había esta práctica. “Solo me han pedido el contrato los últimos cuatro años”, admite. En cambio, a Inés García, profesora asociada desde hace seis años en la Universidad de Barcelona y miembro del comité de empresa del campus por la CGT, asegura que siempre la han sometido al control, pero que a otros compañeros suyos no.

García alerta sobre otro tipo de falso asociado: aquellos que, tengan o no contrato externo, se dedican a la investigación, aunque este tipo de contrato no lo prevé porque su carrera profesional está fuera de la universidad. “Hay muchos que nos estamos labrando una carrera académica porque queremos ser profesores. Muchos hacen investigación, van a congresos y publican estudios. Y la universidad se aprovecha de ello y lo cuenta como producción científica”, critica.

A pesar de la regularización de los últimos años, los sindicatos no descartan que el número de casos irregulares vuelva a repuntar. “Ahora empiezan a darse los falsos asociados sobrevenidos, que hasta hace poco tenían trabajo, pero ahora no”, explica Juanjo Bravo, miembro de CC OO en la Autónoma, que pide permisividad ante esta “situación transitoria”. En esta petición coincide Alfons Aragoneses, presidente del comité de empresa de la UPF, respecto al nuevo uso que se está haciendo de la figura del asociado. Las universidades recurren a estos contratos para retener a los lectores y los Ramón y Cajal —investigadores por un tiempo determinado a los que después se les adjudicaba una plaza permanente—, en un momento en que las universidades no pueden convocar nuevas plazas. “Hay profesores que llevan cinco años y lo están haciendo bien. No los puedes echar por no tener un papel. Sabemos que es ilegal, pero no solo hay que regularizar a los que cobran 500 euros”, remacha Inés García.