UGT denuncia el cierre de la mitad de centros de atención a drogodependientes

De acuerdo a los datos hechos públicos por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, en 2012 la Consejería de Sanidad ha decidido cerrar 16 centros de atención a drogodependientes y reducir en un tercio el número de plazas públicas para las personas con trastornos adictivos. El sindicato FSP-UGT ha denunciado este miércoles que esto ha supuesto el cierre de la mitad de los centros de atención a drogodependientes de toda la Comunidad Valenciana, con el consecuente despido de un tercio de los trabajadores del sector.

En un comunicado, este sindicato critica que la "nefasta gestión de la Consejería de Sanidad ha provocado el cierre, en menos de un año, de la mitad de los centros de atención a drogodependientes” debido principalmente a la “macro-licitación realizada por la Consejería a finales de 2011 para la contratación de plazas en estos centros". En dicho concurso Sanidad propuso “lotes inalcanzables para la mayoría de las ONG, lo que dejó fuera a todas las entidades pequeñas surgidas históricamente de la iniciativa social, al serles imposible económicamente disponer de tanto dinero".

El resultado, según UGT, "ha sido que en el año 2012 han cerrado 16 centros (entre viviendas de tratamiento, centros de día y comunidades terapéuticas), se ha despedido a “más de 80 trabajadores” y Sanidad ha reducido el número de plazas públicas en centros de día de 1200 a 700, y en viviendas de tratamiento y de inserción se ha bajado de 100 a 22 plazas.

Como consecuencia de estas políticas llevadas a cabo por el gobierno del PP que “abandona a la población necesitada de ayuda precisamente cuando más requiere de la protección social”, las listas de espera han aumentado y el tiempo de espera para ingresar en una comunidad terapéutica ahora es de 3 a 5 meses, cuando en 2010 era de 30 a 45 días, y el ingreso en un centro de día se retrasa entre uno y dos meses, más del doble que en 2010, según UGT.

Estos recortes, añaden, se producen en un momento en que “la crisis y el aumento del paro ha influido en el perfil de personas atendidas” hasta el punto de que el 90% de los pacientes adictos admitidos son parados. Para el sindicato es evidente que las políticas del Partido Popular “buscan que las administraciones públicas se desentiendan de los problemas de los ciudadanos en dificultades, atacando los servicios públicos que definen el Estado de Bienestar y haciendo que España sea cada vez menos un Estado Social".

Algunas de las Viviendas de Tratamiento que han cerrado lo han hecho forzadas por "los prolongados retrasos en los pagos de la Consejería de Sanidad". Es el caso de la Associació Casa Oberta, una entidad de la provincia de Alicante, que ha pasado de ser "la provincia que más plazas tenía" a no disponer de "ninguna vivienda" de este tipo de ahora en adelante. Desde UGT-PV confían en la Agencia Valenciana de Salud para que "tome nota del desastre provocado" y, ante la finalización de los contratos existentes a finales de este año, exigen "una dotación presupuestaria que garantice la atención a todas las personas que necesitan tratamiento".