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La Generalitat promete conceder el arraigo a los subsaharianos del Poblenou

La Generalitat reconoce ahora la “vulnerabilidad social” de los subsaharianos

El Departamento de Bienestar Social está dispuesto a conceder ahora el informe de arraigo que hace solo una semana denegó a ocho de los subsaharianos desalojados el pasado día 24 de julio de la nave de la calle de Puigcerdà, en el barrio del Poblenou. La Generalitat rectifica así y permite desbloquear la situación del colectivo, al que la falta del informe de arraigo impedía regularizar su situación legal en España ante la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno.

El reglamento de inmigración contempla “la vulnerabilidad social y el arraigo en el país” como un motivo para conceder un permiso de residencia temporal en España. Requisitos que, según admitió ayer el director general de Inmigración del Departamento de Bienestar Social, Xavier Bosch, cumplen los subsaharianos.

La Asamblea Solidaria contra los Desalojos había denunciado la pasada semana que Bienestar incumplía su palabra de redactar informes de arraigo favorables. La Generalitat desmintió entonces que hubieran llegado a tal acuerdo y aclaró que la promesa solo consistía en agilizar los trámites.

Una semana después, tras una hora y 40 minutos de reunión con representantes de la Asamblea Solidaria, Bienestar cambió de parecer. Bosch declaró ante los medios que pedirá a la Subdelegación del Gobierno que aplique la Disposición Adicional Primera del Reglamento de la Ley de Extranjería, que plantea la posibilidad de “otorgar autorizaciones individuales de residencia temporal cuando concurran circunstancias excepcionales no previstas” en la norma. No obstante, según confirmaron fuentes de la subdelegación, la concesión del arraigo la decide la Generalitat y Extranjería suele aceptar la opinión del organismo autónomo.

El Ayuntamiento de Barcelona, que ya estaba cumpliendo su parte del trato con la Asamblea Solidaria de redactar informes favorables para que Bienestar Social los tuviera en cuenta, tendrá ahora que elaborar nuevos informes personalizados que justifiquen la vulnerabilidad social y el arraigo de los desalojados del Poblenou. La Generalitat ha prometido que esta vez tendrá una opinión favorable de lo que se considera un arraigo certificado por cuestiones humanitarias, y no basadas en un contrato laboral como es habitual.

Hasta la fecha, Bienestar solo ha recibido la petición de ocho personas, y la Subdelegación del Gobierno, de otras dos, aunque el número de personas susceptibles de presentar la solicitud asciende a cerca de 300.